QUE QUEREMOS LOS TERRORISTAS

 

Dina Boluarte dice que no entiende que es lo que reclama el pueblo, al que luego llama violentistas, azuzados por los terroristas; es evidente que no es ella la que gobierna, solo es un títere que funciona en el cargo bajo las órdenes de los intereses políticos de aquellas fuerzas que perdieron las elecciones.

A ellos hay que explicarles, estos “terroristas” y “azuzadores” no salen a las calles todos los días a protestar porque quieren que les construyan una carretera, no dejan sus pueblos y se trasladan cientos de kilómetros para llegar a Lima y marchar en la capital por que quieren un hospital o una escuela, no se enfrentan a las balas y la violencia policiaca porque quieren mejores servicios de agua o electricidad.

Es cierto que necesitan urgentemente todo eso, pero ya pasaron todos los procesos exigiendo el cumplimiento de sus demandas, y fueron engañados una y otra y otra vez, por este y por muchos otros gobiernos, con diferentes y con los mismos pretextos y excusas, ya comprobaron hasta la saciedad que este camino no funciona, se ha llegado al punto que no se puede creer mas en ninguna promesa u ofrecimiento de esta clase política.

Es más, se han dado cuenta que una de las razones por la que son engañados e invisibilizados, es su raza, su cultura, su posición social.

Lo que todos estos “terroristas” y “azuzadores” exigen ahora, es tener voz y voto en las cuestiones que les atañen, es decir, participación política en la sociedad a la que pertenecen, lo cual es un principio básico de la teoría democrática.

 Y digo de la teoría porque, en la practica, la mayoría de la republicas que dicen aplicar la democracia representativa, lo que hacen es delegar el poder ciudadano en una elite de “políticos profesionales” que hacen de la función su modo de vida y la forma expeditiva de hacer fortuna personal, convierten la función de servidor publico a servirse del publico y deciden las leyes y reglamentos de acuerdo a su mejor parecer e interés personal, sin tener en cuenta la opinión de sus electores.

Esta deformación de la democracia que convirtió la representación en delegación, ha permitido el surgimiento de esta forma elitista de la política, despojando del poder a la mayoría ciudadana, el pueblo, despectivamente la plebe, en el sobreentendido que esta no tiene capacidad de razonar correctamente sobre lo que es el bienestar colectivo, por lo tanto, es la “clase ilustrada” la indicada a tomar las decisiones correspondientes.

El modelo electoral que el presente sistema político aplica, fortalece este esquema, dándole mucho poder a partidos políticos que hace mucho tiempo dejaron de serlo en la practica, convirtiéndose en cascarones electorales que venden su participación al mejor postor en aras a conquistar un porcentaje del poder dentro del aparato estatal.

Al ciudadano le dan la oportunidad de escoger cada cinco años entre las muy limitadas opciones que ofrecen estos partidos, que no representan a nadie, en estas condiciones nos acostumbramos a votar por el mal menor o estamos votando en contra de…, en vez de a favor de… y, por supuesto, los elegidos están absueltos de toda responsabilidad por sus votos y opiniones, sin tener que dar cuenta de ello a sus propios electores.

¿Dónde queda entonces la representatividad de los políticos? ¿Dónde puede llamarse a esta una democracia representativa?

La polarización exacerbada en la explosiva situación creada por la lucha política en el Perú, ha logrado consolidar los objetivos de la gran mayoría de la población en tres puntos esenciales: renuncia de Boluarte, cierre del congreso y nuevas elecciones,

La salida mas coherente hubiera sido el llamado a nuevas elecciones lo antes posible, como señal de buena voluntad; con seguridad esto hubiera sido suficiente para calmar momentáneamente la multitudinaria protesta y prolongar la solución de la crisis por un par de años más, pero la torpeza del gobierno lo lleva hacia el suicido político, azuzando la violencia con la esperanza de revivir el fantasma del terrorismo.

Pero la propuesta de una asamblea constituyente ya esta sobre la mesa y se impone cada vez con mayor fuerza, hace cinco años esta era una utopía, hoy se discute en todos los sectores sociales y políticos, dado que una gran porción de la población se h dado cuenta que no está representada en el gobierno y que esto es consecuencia del sistema político que nos fue impuesto e la constitución del dictador Fujimori.

Esto nos lleva a la conclusión que, más temprano que tarde, el sistema democrático tiene que ser reformado para restablecer la representación ciudadana, base sine qua non de la democracia; lucha que en estos momentos llevan sobre sus hombros aquellos que desde este gobierno ilegitimo les llaman “terroristas” y “azuzadores”.

 

LA POLICIA POLITICA

 

Podemos decir que las fuerzas armadas, que incluye al cuerpo policial, siempre han estado influenciadas por las fuerzas políticas, pero nunca fue su acción tan evidente como en estos últimos meses.

Hemos visto un despliegue impresionante de fuerzas para defender un gobierno ilegitimo, al cual desde todas las regiones del país le exige renunciar; han salido a reprimir a balazos multitudinarias manifestaciones antigubernamentales, con la consiguiente cuota de muertos entre la población civil, pero tienen la impunidad que les otorga una clase política que se sabe acorralada y que solo puede mantenerse por la fuerza de las armas.

Creímos que, tras la fuga de Fujimori al Japón en el 2000, habíamos derrotado al fujimorismo y su corrupción que campeó en el país por toda una década, pero fuimos engañados, solo logramos cortar algunas cabezas, pero la maquinaria fujimorista continúa funcionando para perjuicio del país.

El sistema de corrupción inaugurado por el fujimorismo sigue invadiendo el poder judicial, el ministerio público, el tribunal constitucional, los partidos políticos, la prensa, etc.

Todos sabemos como Fujimori y Montesinos, usaron el terrorismo de sendero luminoso para tratar de perpetuarse en el poder; los mismos métodos siguen utilizándose cada vez que su sistema se ve amenazado, alzan la voz acusando de terroristas a todo aquel que se opone al poder, saben bien que la herida que dejó el terrorismo en nuestra sociedad es un punto sensible aún.

No es casual que cuando hay alguna conmoción social surja un ataque a las fuerzas del orden en las zonas del narcotráfico, justamente para reavivar el miedo en la población.

Constatamos además que la inteligencia policial, al menos en los casos sociales como el presente, caen en un ridículo enorme, como acusar de terroristas a personas por tener libros de Marx y Lenin, o usar la semiótica para ver colores de violencia y muerte, o encontrar financistas de planes terroristas a una anciana con dos mil soles; lo único que realmente demuestran es una desesperada búsqueda de justificar, ante la opinión pública, la represión ilegal que despliegan.

Acusamos a la policía y las fuerzas armadas por su accionar abusivo e indiscriminado en contra de los derechos ciudadanos, pero deberíamos analizar que, siendo instituciones militares, o militarizadas en el caso de la policía, están sometidos a un código disciplinario estricto; lo cual significa que los subalternos no pueden actuar sin ordenes especificas que provienen de un escalafón con un régimen de casta muy marcado.

Las escuelas de oficiales tienen barreras definidas para quienes quieren postular a sus aulas, especialmente debes pasar por el filtro económico, pues requieren de fuertes sumas de dinero para pagar sus estudios, cosa que no muchos pueden alcanzar, luego de las pruebas de conocimiento, las entrevistas personales son el gran ultimo filtro, generalmente tienes que estar bien relacionado o provenir de familias importantes; hasta hace poco era imposible que un afroamericano ingresara a la marina.

Las escuelas para la tropa son menos restrictivas, es más fácil que un ciudadano común ingrese a estas aulas; desde un principio se hace sentir claramente la diferencia entre la tropa y los oficiales, no importa la antigüedad, la experiencia, los galardones, el grado que tenga un subalterno, siempre estará bajo el mando irrestricto del oficial más joven e inexperimentado.

Dicho esto, hay que entender que, si bien al autor directo de los delitos le corresponde una responsabilidad, son los altos mandos de los institutos los verdaderos responsables de los mismos; son los que dan las órdenes y quienes diseñan los planes operativos.

La tropa se ve instigada por sus mandos a actuar contra la población como si de enemigos se tratara, muchas veces incluso en contra de su sentido común, a riesgo de enfrentarse a drásticas sanciones; “las ordenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones” es una consigna que se infunde en la tropa desde su entrenamiento.

A contraparte de la oficialidad, el personal subalterno frecuentemente es enviado a operar en zonas alejadas, apartándolos de su familia, muchas veces sin el pago a tiempo de sus viáticos, tiene que pagar su propia alimentación, les hacen dormir en el suelo, sin la logística necesaria, ni el equipo adecuado para cumplir su labor; estas condiciones se suman para que la condición mental del individuo se ve afectada y responda con violencia ante las circunstancias que tiene que enfrentar.

Una reforma policial, especialmente, es urgente es tarea del próximo gobierno, quebrando ese enlace entre el gobierno de turno y las fuerzas armadas, las que deben su lealtad al estado y su nación, no así a los políticos, del color que estos sean, que ostentan el poder.

La labor de la policía es la protección del ciudadano y el resguardo del orden interno, investigando y combatiendo la delincuencia; si bien sus integrantes pueden ejercer sus derechos políticos como ciudadanos, el conjunto, como institución tiene que mantenerse al margen del quehacer político.

Debe convertirse en sentido común que los miembros de las FFAA y policiales no pueden estar exentos de la justicia del ciudadano común, los tribunales disciplinarios internos solo tienen jurisdicción para las faltas administrativas y reglamentarias de cada cuerpo, no tienen ninguna para los delitos tipificados en el fuero común.

Un primer paso será romper con el sistema clasista y discriminador que está en su base, reorganizar el escalafón de grados de tal manera que todos sus miembros asistan a una escuela unificada, ingresen a la carrera policial desde el grado mas bajo de subordinados y tengan oportunidad, de acuerdo a los estudios realizados, su capacidad y experiencia, a alcanzar los mas altos grados de la oficialidad, “a mandar se aprende obedeciendo”.

Segundo, que para alcanzar los grados de oficial se exija no solo materias policiales, sino además estudios en ciencias y humanidades de nivel universitario.

Tercero, que se cree un estatuto que regule las relaciones entre el gobierno y las FFAA y policiales, así como una instancia profesional interdisciplinaria que sancione el cumplimiento de dicho estatuto.

Un cuerpo policial profesional moderno y eficiente no puede seguir empleando el sistema de peones y oficiales, todos los individuos merecen las mismas oportunidades y los ismos derechos, el desarrollo de la carrera irá depurando a los que no alcanzan el estándar requerido y promoverá a los más destacados.

Las FFAA y la policía son el brazo armado del estado, no del gobierno; un gobierno legítimamente elegido sin importar su color político, extrema izquierda o extrema derecha, se debe al orden constitucional y las leyes que de ella emanan.

Ningún gobierno puede ordenarles actuar en contra de la constitución y las leyes.

La constitución de la republica defiende en primer lugar la vida humana y protege los derechos ciudadanos, como son el libre transito por el territorio nacional, la libertad de reunión, la libertad de prensa y opinión, así como el derecho a la protesta pacífica.

El uso de la fuerza letal está estrictamente estipulado en las leyes y cualquier quebrantamiento de las mismas debe ser investigado de oficio en los niveles policiales y poder judicial, siguiendo los protocolos establecidos, ningún régimen de excepción puede argumentarse para evadir las responsabilidades penales y políticas.

 

 

LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA

Hay una crisis política que recorre el mundo, que se manifiesta con mayor relevancia en Latinoamérica, pero esta presente, en mayor o menor grado, en todas las sociedades organizadas del planeta.

El quiebre del mecanismo de representación es el punto en común de todas estas crisis.

La democracia es por definición el gobierno del pueblo, una sociedad humana que se gobierna a si misma, bajo sus propias reglas.

Para lograr que este sistema funcione los ciudadanos eligen representantes, los cuales son los encargados de hacer valer su voz y voto en los niveles de gobierno donde se toman las decisiones de estado.

Desde el nacimiento de republicas, en el siglo XIX, esta representación se llevaba a cabo a través de partidos políticos, los cuales representaban grandes corrientes ideológicas, las mismas que reflejaban los ideales de determinadas clases y sectores de la sociedad a la que pertenecían.

La posmodernidad, con el proceso de globalización que lleva consigo, ha fraccionado las grandes clases sociales, tal como las conocíamos, en múltiples estratos que se interrelacionan en diferentes niveles, destruyendo esas líneas que las delimitaban claramente.

Los partidos políticos perdieron su legitimidad en este proceso al no lograr incorporar los ideales y necesidades de estos nuevos estamentos sociales, esto significó el fin de las ideologías que sustentaban la existencia de estos partidos, puesto que ninguna de las existentes era compatible con la nueva realidad.

Ante la pérdida de su legitimidad y sin una ideología que les de sustento, los partidos fueron desapareciendo, los que quedaron y los nuevos que surgieron, se convirtieron en simples maquinarias electorales, las cuales se activan en cada proceso colectando fondos, muchos de manera ilegal, para desarrollar una propaganda masiva que los lleve a captar los votos necesarios y conseguir su cuota de poder en el aparato estatal, desde donde tendrán que retribuir a través del presupuesto público las financiaciones recibidas en campaña.

En esta degradación de los partidos, algunos personajes se han hecho “dueños” de la su maquinaria electoral e imponen los candidatos en sus listas de acuerdo a conveniencias particulares, incluso asegurándose la lealtad de los que salgan elegidos para dichas metas que están fuera de las aspiraciones de sus electores.

 

Roto ese enlace de representación, la población ha dejado de confiar en esa clase política que se turna en el poder; con mayor razón cuando demuestran reiteradamente que fabrican promesas para llegar al poder, pero rápidamente traicionan a sus electores cuando obtienen el puesto, para defender sus intereses propios y no para los cuales fueron elegidos.

Es decir, los ciudadanos no tienen una conexión real con su clase política, no hay ninguna clase de control sobre las decisiones que estos pueden tomar; en estas circunstancias, no pueden sentirse representados en el gobierno del país, por ende, si no hay representación, el sistema democrático no funciona, la correa de trasmisión de las decisiones del ciudadano hacia las esferas de gobierno esta paralizada.

En el Perú esta situación se ha visto agravada por el fuerte centralismo de Lima, los graves problemas de corrupción y por el acendrado racismo, que provoca la invisibilización de las poblaciones quechuas y aymaras, principalmente; a lo que agregando un insolente abuso de poder de la elite gobernante, ha provocado la explosiva manifestación de violencia que está viviendo el país desde diciembre 2022 en rechazo a estas autoridades.

La crisis de la democracia es una crisis política, por tanto, la solución que se le dé tiene que ser política.

Siendo la falta de representación lo que esta debilitando la democracia, las propuestas de solución tienen que dirigirse a las formas de restaurar dicha representación.

 

Aquí algunos puntos que deberían tenerse en cuenta:

1-       Dividir los distritos electorales en el mismo número de representantes que se eligen al congreso, de tal manera que cada cual elija un único congresista.

2-       Que cualquier ciudadano pueda postular dentro de su distrito electoral, simplemente cumpliendo ciertos requisitos, como recolectar firmas de apoyo que representen un porcentaje de su electorado, sin que sea requisito la adhesión a un determinado partido político; votamos por personas no por partidos.

3-       Que los candidatos elegidos estén obligados a presentar declaración jurada de sus ingresos, bienes e intereses, así como renunciar al secreto bancario.

4-       Que sea de información pública los datos personales de los candidatos elegidos, incluyendo domicilio/s, número telefónico, correo electrónico y cuentas en redes sociales, de tal manera que sus electores puedan contactarlo con facilidad.

5-       Crear un mecanismo por el cual el voto de cada congresista para la aprobación de leyes deba tener el respaldo de sus electores.

6-       Reglamentar la financiación de las campañas electorales, de manera que no puedan ingresar dineros ilícitos y que se garantice cierta equidad de oportunidades entre los candidatos.

7-       Las elecciones para presidente y para congresistas se llevarán a cabo en periodos diferentes.

8-       Los candidatos a la presidencia deberán presentar ante el jurado electoral un plan de gobierno detallado y justificado para cada sector del estado, el cual deberá ser aprobado por dicha entidad en función a su coherencia y legitimidad.

9-       Los candidatos a la presidencia deberán correr una primera vuelta para conseguir ser nominados por al menos el 10%de los distritos electorales; los que alcancen la meta correrán una segunda vuelta y para ser elegido necesitará alcanzar más del 30% de los votos válidos, de lo contrario correrán una tercera vuelta con los dos candidatos más votados.

10-    Se agregará como causal de destitución del presidente, el incumplimiento deliberado total o parcial de su plan de gobierno.

De esta manera se elimina la intermediación de los partidos, dado que su función se volvió obsoleta.

Se establece una relación directa entre el ciudadano y su representante.

Se exige el cumplimiento de las promesas electorales.

Estas son esencialmente las reformas que necesita agregarse a la constitución de la república, lo que llamamos un nuevo pacto social y que puede garantizar volver a poner en funcionamiento el sistema democrático.

Por supuesto son ideas en borrador, que necesitan ser desarrolladas más detalladamente, seguramente corregidas en algún aspecto, pero lo que no podemos dejar de tener en cuenta es la idea central:

SIN REPRESENTACION NO HAY DEMOCRACIA

 

LA GOBERNANTA Y SU AGONIA

 

Dina Boluarte asumió la presidencia del país, como la primera mujer en dicha posición, en medio de una grave crisis política, gatillada por el absurdo llamado a un golpe de estado de su antecesor, crisis que venía desarrollándose desde antes que el nuevo presidente electo asuma el cargo.

El sentimiento popular desde hace algún tiempo es que se vayan todos, si bien es sentido común que el presidente Castillo no cumplió con la promesa de gobernar en favor del país, está también suficientemente claro que la mayoría de congresistas son unos impresentables que solo buscan su propio provecho; por eso la rebelión se ha disparado en gran parte del país, que no acepta que, más allá de la vacancia de Castillo, el congreso pretenda asumir el poder, teniendo en cuenta que ya tiene en agenda ejecutar cambios constitucionales para asegurar sus posiciones y abrir la posibilidad de reelegirse.

La gobernanta tuvo la oportunidad dar un paso adelante para limar las agudas aristas de esta crisis, pero empezó con malos pasos, pidió una tregua a los congresistas y abrió conversaciones con los partidos deslegitimados, a continuación, nombró un gabinete de ministros que claramente demuestran un compromiso con cuotas de poder con aquellos partidos, varios de ellos con lazos empresariales que los debería llevar a inhibirse de ejercer.

Desatada la protesta a nivel nacional, apenas a un par de días de su mandato, su ministro del interior decide responder con represión policial, lo cual inflamó los ánimos desencadenando una espiral de violencia que sobrepasa el control de las fuerzas de seguridad.

En una completa ceguera política, pretende acabar con la violencia, declarando el estado de emergencia a nivel nacional, sacando a los efectivos del ejército a la calle para enfrentar las protestas; los muertos y heridos demuestran lo irracional de esta medida.

Sin lograr entender la raíz de las protestas, declara su intención de convocar a nuevas elecciones generales para abril 2024, como concesión para detener las movilizaciones, si embargo, nuevas elecciones en estos plazos sin aplicar el cierre del congreso, que es una de las principales demandas de la ciudadanía, no es aceptable para la mayoría de la población.

Los reiterados llamados al dialogo, por parte del gobierno, carecen de significado, porque no se concretan en acciones que conlleven a acercar a las autoridades con las organizaciones sociales, para construir consensos dirigidos a solucionar la grave problemática que nos aqueja.

La cuota de sangre que paga la población en este enfrentamiento se incrementa y la crisis política seguirá incendiando el escenario nacional, crisis que corre el peligro de desbordar toda legalidad y hacer caer al país en el caos.

La estabilidad política que necesita el gobierno para ejercer su poder en el estado, está quebrada, el sistema político ha evidenciado que no representa al ciudadano y romper con este sistema va a requerir que se bajen los niveles de polarización, para que se pueda dialogar buscando acuerdos, antes de que la violencia se salga de control.

Analizando las protestas que se producen en todo el país, podemos rescatar seis puntos esenciales que son los que reclaman con insistencia:

1-    Cierre del congreso

2-    Elecciones generales adelantadas

3-    Reforma electoral

4-    Destitución de Dina Boluarte

5-    Asamblea constituyente

6-    Restitución de Pedro Castillo

En ese estricto orden de prioridad, tanto así que, si tan solo lograran negociar los dos primeros puntos, seguramente se lograría desarticular las protestas momentáneamente.

Las elecciones adelantadas por si mismas no son suficientes, podemos entender que, el planeamiento y ejecución de un proceso electoral, requiere de un periodo de tiempo perentorio, pero esto no debe implicar necesariamente la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia, ni el funcionamiento del congreso hasta la fecha en que esta se realice.

El llamado a elecciones adelantadas debe estar acompañado de la renuncia de Dina Boluarte, del nombramiento por consenso en el congreso de un gobierno de transición liderado por una personalidad fuera de los partidos, así como declararse el congreso en receso indefinido quedando a cargo la comisión permanente hasta la asunción del nuevo gobierno.

Recordemos que estas medidas no son nuevas, ya se dieron en el año 2000 tras la renuncia de Fujimori.

Resaltemos además que, las nuevas elecciones necesitan de una reforma electoral profunda, de otra manera seguiremos teniendo a la misma clase de políticos en el poder una y otra vez.

Una reforma electoral que rompa con el sistema actual y recupere la representación del electorado en el gobierno; los llamados partidos políticos actuales no tienen ninguna representación, es sentido común que solo son maquinas electorales, sin ideología ni propuestas, son la parte esencial del problema, por tanto, no se les debe dar el peso electoral que actualmente tienen.

La elección de representantes en el congreso debe dividirse en distritos electorales que iguale la cantidad de curules a elegirse, de tal manera que cada distrito electoral elija su representante ante el congreso; los candidatos pueden inscribirse ante el organismo electoral, como personas naturales, presentando una cantidad de firmas de adherentes que puede ser un 5% de los electores de su respectiva jurisdicción, los representantes elegidos deberán poner a disposición del publico sus datos personales como correo electrónico, perfil en Facebook, Twitter, página Web, número telefónico y domicilio, de manera que cualquiera de sus electores pueda dirigirse a ellos con sus demandas.

La elección presidencial puede seguir llevándose a cabo con los candidatos propuestos por las organizaciones políticas, los cuales tendrán la obligación de presentar un plan de gobierno detallado para cada sector del estado; el candidato elegido a la primera magistratura estará sujeto, bajo juramento, a cumplir con los puntos ofrecidos en dicho plan, constituyendo motivo de vacancia su incumplimiento.

Es importante también un control estricto de los dineros utilizados para las campañas electorales, se trata de detener la corrupción de funcionarios, además la equidad requiere que se ponga un límite estrecho a la financiación de las mismas, necesitamos que las auditorias sean severas y continuas, así como que las sanciones sean ejemplares.

Se trata de parar esta irracional espiral de violencia, de ambos lados, proponiendo una salida, no momentánea a la crisis que sufrimos, sino de dar varios pasos adelante en el fortalecimiento del estado, lo que representa una estabilidad política duradera.

 

CONSTRUYENDO EL MOMENTO CONSTITUYENTE

El cambio constitucional es un tema recurrente especialmente en Latinoamérica, tarea que se muestra sumamente difícil ya que la cúpula de los gobiernos no acepta la necesidad de un nuevo pacto social, que significaría la perdida de muchos de sus privilegios como portadores del poder.

Pero también hay una parte de la ciudadanía no logra entender esta necesidad, saben que el sistema no funciona de forma justa para ellos, sin embargo, solo ven la parte que les golpea directamente: el desempleo, el alza de precios, la delincuencia, sin captar los vínculos que tienen estos fenómenos entre sí, ni comprenden la raíz común que permite estos se desarrollen.

La principal objeción que se levanta contra el cambio constitucional es que crearía inestabilidad política y depresión económica, la actualidad nacional nos comprueba que la inestabilidad y la crisis política y económica ya están presentes, siendo más bien uno de los factores principales que hace necesario el cambio constitucional; los continuos conflictos entre el ejecutivo y el congreso son moneda común y no se restringen a un período de gobierno, todos los gobiernos de las últimas décadas han presentado este fenómeno, el cual se agudiza en cada período, la situación económica aparece estable en el ámbito macroeconómico, mostrando números positivos, pero en el mundo real el ciudadano común siente que su presupuesto es  cada vez más estrecho, la corrupción aparece como un mal endémico en todos los niveles del estado.

Otro argumento que enfrentamos es que no es necesario una nueva constitución, que, si determinamos fallas en la presente, existen los mecanismos legales para plantear reformas parciales, podemos encontrar ejemplos en otros países; Estados Unidos es el mas relevante, tiene una constitución que dura mas de 200 años, ha soportado varios cambios que son llamados enmiendas y ha sido la base para la fundación de las repúblicas.

Sin embargo, resulta inapropiado, para darle un nombre, “reformar” mas del 50% de los artículos constitucionales, especialmente cuando estos se enfocan en derechos básicos del ciudadano para garantizar su representación, que es el eje fundacional de toda constitución, que es lo que, a final de cuentas, define a una nación; para el caso, lo que corresponde es crear una nueva carta magna.

Pero asumamos, por lograr un consenso, que elegimos “reformar” la constitución, teóricamente es posible hacerlo, para esto el congreso tiene dos caminos, obtener la aprobación del proyecto, elaborado previamente en la comisión de constitución, con dos tercios de los votos, en dos legislaturas consecutivas o con una mayoría simple y luego someterlo a un referéndum popular para que sea efectivo.

Sin embargo, nuestros congresistas han demostrado reiteradamente que van a bloquear toda iniciativa que tienda a cambiar el sistema político que los favorece, nada los obliga a respetar la voluntad ciudadana, el poder que les otorga el voto popular los hace intocables.

Otro sector plantea que, dado que tanto el gobierno como este congreso están totalmente deslegitimados, llamar a elecciones generales sería una solución apropiada para resolver la crisis política; la realidad nuevamente nos golpea en la cara para demostrarnos que una y otra vez hemos cambiado presidentes, se eligieron nuevos congresistas y no alcanzamos el cambio significativo que necesitamos, seguimos en el mismo circulo vicioso. Nuevas elecciones no van a solucionar la crisis.

Esta crisis es crónica porque el fundamento de la democracia es la representación de la voluntad ciudadana, representación cuyo vínculo con los electores se ha roto y no encuentra la vía para reconectarse; ningún régimen puede llamarse democrático, por más que presente instituciones propias como parlamento, tribunales de justicia y elecciones generales, si a pesar de todo no es capaz de interpretar el mandato de su pueblo.

Lo paradójico en estas circunstancias es que, aquellos congresistas que se niegan a aceptar un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, proyectan cambiar más de cincuenta artículos de la constitución, pero en un sentido que incrementa el poder y privilegios de sus propias posiciones políticas.

En otras palabras, niegan la posibilidad al ciudadano para realizar los cambios en su constitución y se asumen como los únicos que pueden hacerlo en sus propios términos.

El factor relevante como podemos ver es la representación, como columna vertebral de cualquier pacto social, entendiendo que este punto tiene que ser esencial en el debate constitucional, hay que tener presente que también necesitamos una definición preliminar, expresada en una ley de reforma electoral, antes de llegar a la convocatoria de una asamblea constituyente, porque así como el llamado a elecciones generales no supone una solución a la crisis política, convocar a una constituyente dentro de las mismas reglas que impone el sistema, pondría un cerrojo a la posibilidad de un cambio, debido, nuevamente, a que los asambleístas no podrían asumir la representación del ciudadano.

Cambios imprescindibles para cerrar la brecha de representación son tanto los métodos de elección, como la definición de los roles que deben desarrollar los que sean elegidos en las posiciones designadas.

Muchos otros aceptan que debe hacerse un cambio constitucional, pero archivan la idea bajo el argumento de que no existe aún el momento constituyente necesario para plantearlo; hace falta detenerse en esta deducción, si analizamos que no hay un momento constituyente ¿Cuándo estaremos dispuestos a plantear esta propuesta? ¿Cuándo el momento constituyente surja espontáneamente de la nada?

Resulta obvio que el momento constituyente se va construyendo planteando la idea desde un inicio, mostrando los fundamentos de la propuesta, debatiéndola en diversas instancias, dándole forma a las opciones que existen para concretarla, captando el apoyo de los sectores sociales, es materia de un trabajo político.

Por otro lado, con un país sumido en sucesivas crisis políticas, que han deslegitimado a los poderes del estado, cuando el ciudadano ha perdido todo sentido de representación en su clase política, cuando la población esta sintiendo el impacto del desempleo, la corrupción, el alza constante del costo de vida, la escasez de productos de primera necesidad, la delincuencia y la insuficiencia de los servicios básicos del estado como salud y educación, etc. ¿aún creen que no hay espacio para un momento constituyente? ¿entonces para cuándo?

Una crisis de representación política, tan profunda como la que vivimos, solo se resuelve restaurando los vínculos que legitiman dicha representación, tarea que necesariamente debe ser llevada a cabo por una asamblea constituyente, que deberá evaluar el sistema político fundándose en el principio de justicia social; elaborando un proyecto de constitución que tendrá que ser aprobado, artículo por artículo, en un referéndum popular que le dará vigencia.

Tengamos en cuenta que la ausencia de legitimidad trae, tarde o temprano, como consecuencia el rompimiento del orden político, el desbalance de poderes, y esto lleva a un agravamiento de la crisis que puede desembocar en un estallido social cuya violencia llegue a ser difícil de controlar y que nadie de uno u otro lado del espectro político puede desear.

 

EL FIN DE LAS IDEOLOGIAS

El cerebro humano trabaja con las mismas claves que una super computadora, así como el lenguaje predictivo en los smart phones completa las palabras que estamos escribiendo apenas ponemos cierto juego de letras, nuestro cerebro cumple la misma función cuando leemos un texto, dándole un sentido instantáneo a lo que estamos leyendo, esto resulta muy útil especialmente cuando tenemos que atender a una extensa lectura, permitiéndonos captar el fondo del asunto y avanzar rápidamente con el texto en cuestión, esto no solo lo realiza con palabras, también con formas y colores; sin embargo esta característica resulta inconveniente cuando se trata de encontrar errores en un texto, porque nuestra mente corrige estos errores automáticamente y nos hace dificultoso identificarlos.

Así mismo nuestra mente crea paradigmas con los cuales afrontamos temas recurrentes en nuestra vida diaria, los paradigmas se construyen en base a un conjunto de experiencias las cuales crean un método, un procedimiento para cada situación o una forma de ver el mundo que nos rodea, de manera que podemos acceder a soluciones sin tener que pasar nuevamente por los análisis de viabilidad o sopesando los pro y contra, lo cual nos permite un ahorro considerable de tiempo en estos temas.

Pero, nuevamente, esta ventaja se convierte en obstáculo cuando las condiciones en que se desarrolla una circunstancia cambian y nuestro paradigma no nos permite ver el cambio, provocando que fracasemos intentando resolverlo con los anteriores valores.

Estas son manifestaciones humanas que han sido profusamente estudiadas por la ciencia; el cambio de paradigma requiere un duro y muchas veces largo proceso para que las personas puedan adaptarse a los nuevos ordenamientos y el cambio de mentalidad, a lo que suele llamarse un salto epistemológico.

En el mundo de la política social sucede lo mismo, gran parte las sociedades humanas se dividen entre conservadores y liberales, los conservadores, como su propio nombre lo dice, tratan de conservar el sistema político vigente porque les ha venido funcionando por tiempo atrás, los liberales, tratan de cambiar o reformar partes importantes del sistema porque lo consideran obsoleto de acuerdo a las nuevas circunstancias o porque es injusto para ciertos sectores de la sociedad.

Ciertamente también que existen muchos grises entre ambos bandos, desde la extrema izquierda radical hasta la ultra derecha fascista, aunque en la vida real muchas veces estos extremos terminan juntándose, pero nunca por un bienestar general.

Desde el nacimiento de las republicas a fines del siglo XIX, los partidos políticos que trataban de captar el voto ciudadano para asumir el poder, se esforzaban por representar los ideales de cierto sector social, para ello sus líderes asumían una serie de valores y estrategias que plasmaban en un ideario y plan de gobierno.

La contienda electoral requería de una sólida organización centralizada y cohesionada a través de sus propios mitos y estableciendo vínculos de camaradería entre sus militantes, los cuales debían estar firmemente comprometidos con la obra del partido, para tal fin se instituye una ideología, compuesta por toda una diferente forma de ver la sociedad política, la cual se convertirá prontamente en doctrina para todos sus miembros.

Una doctrina es el equivalente a un paradigma, no necesita análisis, este ya ha sido evaluado y sus conclusiones han desarrollado una teoría, la cual no puede ser refutada a riesgo de convertirse en traidor a la causa; la teoría se convierte por este medio en verdad absoluta, por tanto, otras visiones de la realidad son falsas y sus defensores enemigos.

Y no podemos decir simplemente que toda ideología es perversa, en el trascurso del desarrollo humano en sociedad, la ideología ha servido para agrupar a la ciudadanía en secciones diferenciadas que persigan objetivos comunes, de manera que en un esfuerzo unificado se logró avanzar en el progreso tecnológico y el reconocimiento de los derechos civiles; como todo paradigma su función es evitarnos el estudio, análisis y conclusión de los fenómenos sociales a cada paso que damos y con cada miembro que participa; pero, igual que todo paradigma la doctrina necesita ser revalorada cada cierto tiempo, pues las circunstancias cambian y las respuestas pueden no ser las mismas en una diferente coyuntura.

Los partidos políticos, con una ideología como doctrina, interpretaron de diversas maneras los intereses de las clases sociales existentes durante el siglo pasado, lo cual les brindaba la legitimidad necesaria, por lo que jugaron un papel importante en la estructura política de los estados, logrando forzar el balance imprescindible para la gobernabilidad.

A partir de mediados de los 90’, los avances de la tecnología, las continuas crisis económicas, que profundizaron excesivamente la brecha social, así como el proceso de globalización que afectó el mundo moderno, originó cambios muy importantes en la estructura de las sociedades y la forma como se relacionan sus componentes.

Uno de los mas relevantes cambios que este fenómeno provocó fue la disolución de las clases sociales tales como se conocían hasta entonces, mejor dicho, tal como las estudió y definió Carlos Marx a fines del siglo XIX; estas están ahora muy fragmentadas en diferentes estratos, los cuales comparten espacios en determinadas circunstancias, lo cual dificulta una definición concreta de cada una.

Esta dificultad para definir las nuevas divisiones de los estratos sociales en la estructura del estado, esta provocando que, los llamados partidos políticos, no puedan identificarse con determinado sector cuyos intereses puedan representar, lo que les hace perder la legitimidad que les brindaba su peso político especifico, a lo que se suma el hecho que, las sucesivas subdivisiones de estos estratos, desvalora ese peso político en cada estrato.

Ante la limitación para obtener legitimidad mediante la representación, los partidos políticos han volcado todos sus esfuerzos hacia los medios publicitarios, como único medio para colectar los votos que pueden llevarlos a las posiciones del poder.

Sin una conexión con los sectores sociales, no existe una ideología que pueden defender y convertir en doctrina, no necesitan siquiera de un plan de gobierno coherente,  militantes y simpatizantes son captados mas bien por la esperanza de conseguir un beneficio particular, antes que por un bienestar general de la nación; de esta manera las organizaciones políticas se convierten en cascarones vacíos de lo que fueron los partidos el siglo pasado, son meras maquinas electorales en busca de conseguir acceso al estado.

Esto describe una crisis sistémica, que no se va a resolver con una vacancia presidencial ni con nuevas elecciones generales, mientras las acciones que se tomen no sirvan para quebrar el círculo vicioso que crea este sistema, seguiremos teniendo mas de lo mismo, lo que significa un ahondamiento de la crisis que puede llevarnos a una explosión social de consecuencias indeseadas no solo para los liberales, sino para todos los actores del conflicto.

Claramente no es la única medida necesaria en este contexto, pero resolver la crisis de representación, viene a ser la piedra angular del problema, como sociedad necesitamos instituciones representativas que ostenten una legitimidad real, no solo en lo legal, es imprescindible que el ciudadano vuelva a creer en la política, que se sienta representado por el estado aún a pesar de sus diferentes puntos de vista.

Por eso es tan importante destacar este punto cuando planteamos la necesidad de renovar el pacto social; una nueva constitución, sí, pero en ella el punto primordial tendrá que ser la forma de resolver esta crisis de representación.

LA DEMOCRACIA NUESTRA DE CADA DIA

En el Perú nos declaramos como una republica democrática, porque nos gobernamos con una constitución republicana, también porque tenemos una división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, y porque accedemos a elecciones universales cada cinco años; asimismo proclamamos que nuestra democracia es representativa, porque los parlamentarios que elegimos están supuestos a representar los intereses del sector social por el cual fueron elegidos.

Legal y documentariamente está todo correctamente escrito, pero hagamos un análisis mas acucioso de la forma como funciona nuestra supuesta democracia representativa en el mundo real.

En primer lugar, deberíamos recordar que nuestra democracia se funda en una constitución aprobada en el marco de un estado de cruenta dictadura, que abolió una serie de derechos ciudadanos, persiguió inmisericordemente a sus enemigos políticos, así como depredó los recursos del estado en provecho personal.

En nuestro sistema democrático, asistimos a las urnas cada cinco años para elegir presidente y parlamentarios y cada tres años para elegir alcaldes y regidores.

Las leyes electorales vigentes reconocen legalmente a los partidos políticos que se inscriben ante el Jurado Nacional de Elecciones con una cantidad determinada de firmas de adherentes y acreditando un número de locales políticos a lo largo del país; esta norma supone asegurar que los partidos inscritos tengan una real representación dentro del electorado.

La evidencia demuestra que la recolección de firmas para los planillones electorales se ha convertido últimamente en un buen negocio de algunas empresas que trabajan con las bases de datos que se suben a la nube informática, de manera que con un buen presupuesto se puede evitar estar caminando en las calles tratando de convencer a las personas para que firmen un planillón de adherentes y conseguir los planillones con nombres, DNI y firmas digitalizadas con mayor facilidad.

De la misma forma vemos como con un aporte económico, el dueño de una vivienda o un pequeño negocio consiente poner un banner, unos afiches o una bandera de propaganda y este se convierte prontamente en un local político para el partido solicitante.

Esto abre el camino para que cualquier élite con el suficiente poder económico y algo de relevancia social, que le permita figurar en la opinión pública, pueda fundar un partido político y hacerse dueño del mismo para sus propósitos particulares.

Las mismas leyes que regulan los procesos electorales le entregan al partido político la facultad elegir y posicionar a los candidatos que presentarán al proceso electoral, en el entendido que los presentará en orden a la calidad y capacidad de cada uno de ellos.

La realidad es que, desde que el partido político perdió la capacidad de sostener un efectivo enlace con el elector, lo que le brindaba la legitimidad necesaria para representar a determinado sector social, la élite que se hace dueña del partido tiene el poder de nombrar a los personajes mas allegados a sus propios intereses como candidatos, con la finalidad de obtener cuotas de poder que les permitan manipular en mayor o menor grado las funciones del estado.

Es materia conocida que una carrera electoral requiere de una campaña publicitaria gigantesca, si se pretende alcanzar alguna cuota de representación, y la publicidad, que incluye spots y entrevistas en TV, radio, periódicos, así como paneles y banderolas en puntos claves, y por supuesto los afiches, pegatinas, murales y volantes, incluyendo los gastos de transporte, equipos de sonido, iluminación y tribunas para los mítines públicos, requiere de un presupuesto voluminoso.

¿Cómo se provee el dinero suficiente para una campaña electoral? No es un secreto que los candidatos que quieren figurar en la lista de un partido tienen que ofrecer su aporte y que de acuerdo al monto desembolsado será su posición en la misma, aun aparte  de lo que deberán invertir en sus propias campañas personales; pero no será suficiente, aun cuando el/los dueños del partido también tendrán que arriesgar su propio patrimonio; será necesario convocar los capitales de inversionistas mayores, de los que juegan sus intereses en las altas esferas del mercado nacional e internacional, para ello tienen que comprometer sus intenciones políticas al favorecimiento de los intereses de sus capitalistas.

No es de extrañar en estas circunstancias que algunos dueños de partidos estén dispuestos a negociar su financiación con dinero sucio proveniente de actividades ilegales.

A fin de cuentas, votamos por un partido, porque las normas no permiten que un ciudadano sea candidato a un puesto si no es postulado por un partido, y los votos emitidos en favor de un partido establecerán el porcentaje de puestos que este ocupará en el parlamento, cuyos candidatos habrían sido determinados por el método que el dueño del partido ha establecido.

Finalmente, la paradoja, los supuestos representantes elegidos por su partido y a través del voto popular, una vez que toman posesión de su puesto, la misma ley que los llevó a esa posición, les otorga el poder total, no tienen ninguna obligación con el partido que los postuló, de hecho muchos cambian de partido a mitad de su mandato, ni tampoco con los electores que supuestamente representa, a partir de entonces es dueño de sus propias opiniones y razonamientos, no esta obligado a dar cuenta de sus actos; es más, la ley cubre de protección al parlamentario de tal manera que puede cometer delitos, como se ha comprobado reiteradamente,  y no va a ser puesto a disposición de la justicia, será juzgado solo por sus pares; de allí el dicho popular: “otorongo no come otorongo”.

Lo que en realidad sucede es que no elegimos representantes, elegimos delegados; el sistema electoral está diseñado en el entendido que el ciudadano no es suficientemente capaz de tomar decisiones de estado, por lo cual mediante el voto delegamos este poder de decisión en otra persona que supuestamente seria la más capacitada para hacerlo, por tanto, este será el que tome las decisiones por nosotros según su propio criterio, no importa cuál sea nuestra opinión al respecto. Nuestra democracia debe llamarse delegativa no así representativa.

Asimismo, sucede con la elección del presidente, este es electo bajo el auspicio de un partido, el cual corre con la campaña electoral, es decir se encarga de toda la operación publicitaria del candidato, generalmente bajo la dirección de una compañía de marketing que es contratada para el efecto; bajo estos parámetros el candidato se convierte en una mercadería, que debe ser vendida en un mercado ciudadano.

El candidato a presidente no necesita de un plan de gobierno, que suele ser voluminoso, intenso y aburrido, ya que la gran mayoría de la población no lo leerá, lo que los publicistas le proveerán será de una serie de cortos slogans que consideran son contagiosos, que resaltan necesidades y que empatan con ideas claves de la población objetivo.

El candidato nominado debe contener una personalidad resaltante, facilidad de palabra para llegar a la población, usar sus gestos y lenguaje corporal para impactar en los medios, de manera que la gente pueda identificarse con él; la verdad es que la publicidad se encargará de construir una imagen vendible de la persona que deciden lanzar a la carrera electoral; la meta es convertir al personaje en una super estrella con una inmensa cantidad de fans, ya sea por su atractivo físico, su verborrea, su manera de vestir o su historial personal, todo se convierte en un instrumento para ganar los votos que les hagan llegar al poder.

Por supuesto, una vez que el candidato llega a ganar la posición, igual que en el proceso de los supuestos representantes, no tiene ninguna obligación legal que lo ligue al partido que lo llevó al poder, ni mandato a cumplir con un plan de gobierno que no escribió y que posiblemente tampoco leyó, tampoco obligación de cumplir promesas que vertió durante la campaña, menos aun de sentirse obligado a mantener un vínculo con la ciudadanía que voto por él; el único control al que se somete es al del parlamento y al de los poderes fácticos que sostienen la economía del país.

Algo más que debemos tener en cuenta es que el sistema político no solo se maneja desde los poderes del estado, existe todo un ejército de funcionarios encargados de poner en movimiento una extensa y complicada maquinaria burocrática que hace que el país marche en una u otra dirección; funcionarios que han sido formados y adiestrados en una cultura de supervivencia, donde la competencia es por cumplir un horario con el menor esfuerzo posible, donde se premia la performance pasiva para no crear problemas y conservar el puesto de trabajo, donde se abre el campo para la expansión de la corrupción en todos los niveles y con la capacidad de boicotear cualquier iniciativa que pretenda cambiar el estatus quo.

Es un ejercito de funcionarios mediocres, porque el estado privilegia el ahorro presupuestal sobre la calidad, los bajos salarios que ofrece un puesto en el gobierno hace que los mejores profesionales opten por la empresa privada; en un país con una elevadísima tasa de desempleo, una posición en el gobierno, donde las exigencias de competencia son bajas y la estabilidad laboral es garantizada, significa un tabla de salvación para muchos que no logran cumplir los estándares de la empresa privada.

En este contexto podemos entender que no importa quien o quienes salgan elegidos como gobernantes o supuestos representantes, puede ser joven o viejo, hombre o mujer, capitalino o provinciano, de un partido o de otro, de izquierda, centro o derecha, intelectual o iletrado, aunque tenga las mejores intenciones para lograr un cambio que favorezca a las grandes mayorías, no tendrá campo de acción para lograrlo, el sistema se encarga de engullirlo dentro de su gran maquinaria; las opciones que tiene son: adaptarse o verse expulsado.

En definitiva, el sistema político esta diseñado para reproducirse, con todas sus deficiencias y perversidades, nuestra democracia camina en un circulo vicioso, donde pueden cambiar las caras, los nombres, los colores políticos, pero no el sistema, que continuará produciendo la misma calidad de políticos, que seguirán haciendo las mismas cosas que sus antecesores.

La confirmación de lo expuesto está a la vista, cuando solo en la última década hemos tenido tantos presidentes, de diferentes extracciones sociales y políticas, tantos parlamentos que fueron revocados y vueltos a elegir, pero sin embargo cada cual, pese a las promesas y discursos, termina igual o peor que el anterior.

Romper el círculo sistémico, implica cambiar las reglas de juego, crear una nueva legislación electoral, en primer lugar, luego normar las funciones y obligaciones de los representantes políticos, estipular el mandato popular en la representación de los mismos, modificar la estructura del estado en todos los niveles, tal que se adecúe a las necesidades de un aparato funcional y moderno,  construir una nueva generación de funcionarios públicos capaces de afrontar los retos del desarrollo nacional, modificando el escalafón de personal, las escalas salariales y elevando los estándares de calificación para cada posición.

Cambios radicales que requieren un nuevo pacto social, porque la evidencia demuestra que el presente no está funcionando, vivimos de crisis en crisis en una espiral de violencia social y política que amenaza con explotar; nuevas elecciones en las mismas condiciones no traerán una solución, solo nos traerá más de lo mismo.

Por esta razón la lucha por una nueva constitución debe ser el punto de quiebre de la reconstrucción nacional, y esta reivindicación debe ser explícita en la necesidad de crear un vínculo real y estable entre los electores y sus representantes, que es la clave del éxito de una democracia.