LA GOBERNANTA Y SU AGONIA

 

Dina Boluarte asumió la presidencia del país, como la primera mujer en dicha posición, en medio de una grave crisis política, gatillada por el absurdo llamado a un golpe de estado de su antecesor, crisis que venía desarrollándose desde antes que el nuevo presidente electo asuma el cargo.

El sentimiento popular desde hace algún tiempo es que se vayan todos, si bien es sentido común que el presidente Castillo no cumplió con la promesa de gobernar en favor del país, está también suficientemente claro que la mayoría de congresistas son unos impresentables que solo buscan su propio provecho; por eso la rebelión se ha disparado en gran parte del país, que no acepta que, más allá de la vacancia de Castillo, el congreso pretenda asumir el poder, teniendo en cuenta que ya tiene en agenda ejecutar cambios constitucionales para asegurar sus posiciones y abrir la posibilidad de reelegirse.

La gobernanta tuvo la oportunidad dar un paso adelante para limar las agudas aristas de esta crisis, pero empezó con malos pasos, pidió una tregua a los congresistas y abrió conversaciones con los partidos deslegitimados, a continuación, nombró un gabinete de ministros que claramente demuestran un compromiso con cuotas de poder con aquellos partidos, varios de ellos con lazos empresariales que los debería llevar a inhibirse de ejercer.

Desatada la protesta a nivel nacional, apenas a un par de días de su mandato, su ministro del interior decide responder con represión policial, lo cual inflamó los ánimos desencadenando una espiral de violencia que sobrepasa el control de las fuerzas de seguridad.

En una completa ceguera política, pretende acabar con la violencia, declarando el estado de emergencia a nivel nacional, sacando a los efectivos del ejército a la calle para enfrentar las protestas; los muertos y heridos demuestran lo irracional de esta medida.

Sin lograr entender la raíz de las protestas, declara su intención de convocar a nuevas elecciones generales para abril 2024, como concesión para detener las movilizaciones, si embargo, nuevas elecciones en estos plazos sin aplicar el cierre del congreso, que es una de las principales demandas de la ciudadanía, no es aceptable para la mayoría de la población.

Los reiterados llamados al dialogo, por parte del gobierno, carecen de significado, porque no se concretan en acciones que conlleven a acercar a las autoridades con las organizaciones sociales, para construir consensos dirigidos a solucionar la grave problemática que nos aqueja.

La cuota de sangre que paga la población en este enfrentamiento se incrementa y la crisis política seguirá incendiando el escenario nacional, crisis que corre el peligro de desbordar toda legalidad y hacer caer al país en el caos.

La estabilidad política que necesita el gobierno para ejercer su poder en el estado, está quebrada, el sistema político ha evidenciado que no representa al ciudadano y romper con este sistema va a requerir que se bajen los niveles de polarización, para que se pueda dialogar buscando acuerdos, antes de que la violencia se salga de control.

Analizando las protestas que se producen en todo el país, podemos rescatar seis puntos esenciales que son los que reclaman con insistencia:

1-    Cierre del congreso

2-    Elecciones generales adelantadas

3-    Reforma electoral

4-    Destitución de Dina Boluarte

5-    Asamblea constituyente

6-    Restitución de Pedro Castillo

En ese estricto orden de prioridad, tanto así que, si tan solo lograran negociar los dos primeros puntos, seguramente se lograría desarticular las protestas momentáneamente.

Las elecciones adelantadas por si mismas no son suficientes, podemos entender que, el planeamiento y ejecución de un proceso electoral, requiere de un periodo de tiempo perentorio, pero esto no debe implicar necesariamente la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia, ni el funcionamiento del congreso hasta la fecha en que esta se realice.

El llamado a elecciones adelantadas debe estar acompañado de la renuncia de Dina Boluarte, del nombramiento por consenso en el congreso de un gobierno de transición liderado por una personalidad fuera de los partidos, así como declararse el congreso en receso indefinido quedando a cargo la comisión permanente hasta la asunción del nuevo gobierno.

Recordemos que estas medidas no son nuevas, ya se dieron en el año 2000 tras la renuncia de Fujimori.

Resaltemos además que, las nuevas elecciones necesitan de una reforma electoral profunda, de otra manera seguiremos teniendo a la misma clase de políticos en el poder una y otra vez.

Una reforma electoral que rompa con el sistema actual y recupere la representación del electorado en el gobierno; los llamados partidos políticos actuales no tienen ninguna representación, es sentido común que solo son maquinas electorales, sin ideología ni propuestas, son la parte esencial del problema, por tanto, no se les debe dar el peso electoral que actualmente tienen.

La elección de representantes en el congreso debe dividirse en distritos electorales que iguale la cantidad de curules a elegirse, de tal manera que cada distrito electoral elija su representante ante el congreso; los candidatos pueden inscribirse ante el organismo electoral, como personas naturales, presentando una cantidad de firmas de adherentes que puede ser un 5% de los electores de su respectiva jurisdicción, los representantes elegidos deberán poner a disposición del publico sus datos personales como correo electrónico, perfil en Facebook, Twitter, página Web, número telefónico y domicilio, de manera que cualquiera de sus electores pueda dirigirse a ellos con sus demandas.

La elección presidencial puede seguir llevándose a cabo con los candidatos propuestos por las organizaciones políticas, los cuales tendrán la obligación de presentar un plan de gobierno detallado para cada sector del estado; el candidato elegido a la primera magistratura estará sujeto, bajo juramento, a cumplir con los puntos ofrecidos en dicho plan, constituyendo motivo de vacancia su incumplimiento.

Es importante también un control estricto de los dineros utilizados para las campañas electorales, se trata de detener la corrupción de funcionarios, además la equidad requiere que se ponga un límite estrecho a la financiación de las mismas, necesitamos que las auditorias sean severas y continuas, así como que las sanciones sean ejemplares.

Se trata de parar esta irracional espiral de violencia, de ambos lados, proponiendo una salida, no momentánea a la crisis que sufrimos, sino de dar varios pasos adelante en el fortalecimiento del estado, lo que representa una estabilidad política duradera.