CONSTRUYENDO EL MOMENTO CONSTITUYENTE

El cambio constitucional es un tema recurrente especialmente en Latinoamérica, tarea que se muestra sumamente difícil ya que la cúpula de los gobiernos no acepta la necesidad de un nuevo pacto social, que significaría la perdida de muchos de sus privilegios como portadores del poder.

Pero también hay una parte de la ciudadanía no logra entender esta necesidad, saben que el sistema no funciona de forma justa para ellos, sin embargo, solo ven la parte que les golpea directamente: el desempleo, el alza de precios, la delincuencia, sin captar los vínculos que tienen estos fenómenos entre sí, ni comprenden la raíz común que permite estos se desarrollen.

La principal objeción que se levanta contra el cambio constitucional es que crearía inestabilidad política y depresión económica, la actualidad nacional nos comprueba que la inestabilidad y la crisis política y económica ya están presentes, siendo más bien uno de los factores principales que hace necesario el cambio constitucional; los continuos conflictos entre el ejecutivo y el congreso son moneda común y no se restringen a un período de gobierno, todos los gobiernos de las últimas décadas han presentado este fenómeno, el cual se agudiza en cada período, la situación económica aparece estable en el ámbito macroeconómico, mostrando números positivos, pero en el mundo real el ciudadano común siente que su presupuesto es  cada vez más estrecho, la corrupción aparece como un mal endémico en todos los niveles del estado.

Otro argumento que enfrentamos es que no es necesario una nueva constitución, que, si determinamos fallas en la presente, existen los mecanismos legales para plantear reformas parciales, podemos encontrar ejemplos en otros países; Estados Unidos es el mas relevante, tiene una constitución que dura mas de 200 años, ha soportado varios cambios que son llamados enmiendas y ha sido la base para la fundación de las repúblicas.

Sin embargo, resulta inapropiado, para darle un nombre, “reformar” mas del 50% de los artículos constitucionales, especialmente cuando estos se enfocan en derechos básicos del ciudadano para garantizar su representación, que es el eje fundacional de toda constitución, que es lo que, a final de cuentas, define a una nación; para el caso, lo que corresponde es crear una nueva carta magna.

Pero asumamos, por lograr un consenso, que elegimos “reformar” la constitución, teóricamente es posible hacerlo, para esto el congreso tiene dos caminos, obtener la aprobación del proyecto, elaborado previamente en la comisión de constitución, con dos tercios de los votos, en dos legislaturas consecutivas o con una mayoría simple y luego someterlo a un referéndum popular para que sea efectivo.

Sin embargo, nuestros congresistas han demostrado reiteradamente que van a bloquear toda iniciativa que tienda a cambiar el sistema político que los favorece, nada los obliga a respetar la voluntad ciudadana, el poder que les otorga el voto popular los hace intocables.

Otro sector plantea que, dado que tanto el gobierno como este congreso están totalmente deslegitimados, llamar a elecciones generales sería una solución apropiada para resolver la crisis política; la realidad nuevamente nos golpea en la cara para demostrarnos que una y otra vez hemos cambiado presidentes, se eligieron nuevos congresistas y no alcanzamos el cambio significativo que necesitamos, seguimos en el mismo circulo vicioso. Nuevas elecciones no van a solucionar la crisis.

Esta crisis es crónica porque el fundamento de la democracia es la representación de la voluntad ciudadana, representación cuyo vínculo con los electores se ha roto y no encuentra la vía para reconectarse; ningún régimen puede llamarse democrático, por más que presente instituciones propias como parlamento, tribunales de justicia y elecciones generales, si a pesar de todo no es capaz de interpretar el mandato de su pueblo.

Lo paradójico en estas circunstancias es que, aquellos congresistas que se niegan a aceptar un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, proyectan cambiar más de cincuenta artículos de la constitución, pero en un sentido que incrementa el poder y privilegios de sus propias posiciones políticas.

En otras palabras, niegan la posibilidad al ciudadano para realizar los cambios en su constitución y se asumen como los únicos que pueden hacerlo en sus propios términos.

El factor relevante como podemos ver es la representación, como columna vertebral de cualquier pacto social, entendiendo que este punto tiene que ser esencial en el debate constitucional, hay que tener presente que también necesitamos una definición preliminar, expresada en una ley de reforma electoral, antes de llegar a la convocatoria de una asamblea constituyente, porque así como el llamado a elecciones generales no supone una solución a la crisis política, convocar a una constituyente dentro de las mismas reglas que impone el sistema, pondría un cerrojo a la posibilidad de un cambio, debido, nuevamente, a que los asambleístas no podrían asumir la representación del ciudadano.

Cambios imprescindibles para cerrar la brecha de representación son tanto los métodos de elección, como la definición de los roles que deben desarrollar los que sean elegidos en las posiciones designadas.

Muchos otros aceptan que debe hacerse un cambio constitucional, pero archivan la idea bajo el argumento de que no existe aún el momento constituyente necesario para plantearlo; hace falta detenerse en esta deducción, si analizamos que no hay un momento constituyente ¿Cuándo estaremos dispuestos a plantear esta propuesta? ¿Cuándo el momento constituyente surja espontáneamente de la nada?

Resulta obvio que el momento constituyente se va construyendo planteando la idea desde un inicio, mostrando los fundamentos de la propuesta, debatiéndola en diversas instancias, dándole forma a las opciones que existen para concretarla, captando el apoyo de los sectores sociales, es materia de un trabajo político.

Por otro lado, con un país sumido en sucesivas crisis políticas, que han deslegitimado a los poderes del estado, cuando el ciudadano ha perdido todo sentido de representación en su clase política, cuando la población esta sintiendo el impacto del desempleo, la corrupción, el alza constante del costo de vida, la escasez de productos de primera necesidad, la delincuencia y la insuficiencia de los servicios básicos del estado como salud y educación, etc. ¿aún creen que no hay espacio para un momento constituyente? ¿entonces para cuándo?

Una crisis de representación política, tan profunda como la que vivimos, solo se resuelve restaurando los vínculos que legitiman dicha representación, tarea que necesariamente debe ser llevada a cabo por una asamblea constituyente, que deberá evaluar el sistema político fundándose en el principio de justicia social; elaborando un proyecto de constitución que tendrá que ser aprobado, artículo por artículo, en un referéndum popular que le dará vigencia.

Tengamos en cuenta que la ausencia de legitimidad trae, tarde o temprano, como consecuencia el rompimiento del orden político, el desbalance de poderes, y esto lleva a un agravamiento de la crisis que puede desembocar en un estallido social cuya violencia llegue a ser difícil de controlar y que nadie de uno u otro lado del espectro político puede desear.