LA GOBERNANTA Y SU AGONIA

 

Dina Boluarte asumió la presidencia del país, como la primera mujer en dicha posición, en medio de una grave crisis política, gatillada por el absurdo llamado a un golpe de estado de su antecesor, crisis que venía desarrollándose desde antes que el nuevo presidente electo asuma el cargo.

El sentimiento popular desde hace algún tiempo es que se vayan todos, si bien es sentido común que el presidente Castillo no cumplió con la promesa de gobernar en favor del país, está también suficientemente claro que la mayoría de congresistas son unos impresentables que solo buscan su propio provecho; por eso la rebelión se ha disparado en gran parte del país, que no acepta que, más allá de la vacancia de Castillo, el congreso pretenda asumir el poder, teniendo en cuenta que ya tiene en agenda ejecutar cambios constitucionales para asegurar sus posiciones y abrir la posibilidad de reelegirse.

La gobernanta tuvo la oportunidad dar un paso adelante para limar las agudas aristas de esta crisis, pero empezó con malos pasos, pidió una tregua a los congresistas y abrió conversaciones con los partidos deslegitimados, a continuación, nombró un gabinete de ministros que claramente demuestran un compromiso con cuotas de poder con aquellos partidos, varios de ellos con lazos empresariales que los debería llevar a inhibirse de ejercer.

Desatada la protesta a nivel nacional, apenas a un par de días de su mandato, su ministro del interior decide responder con represión policial, lo cual inflamó los ánimos desencadenando una espiral de violencia que sobrepasa el control de las fuerzas de seguridad.

En una completa ceguera política, pretende acabar con la violencia, declarando el estado de emergencia a nivel nacional, sacando a los efectivos del ejército a la calle para enfrentar las protestas; los muertos y heridos demuestran lo irracional de esta medida.

Sin lograr entender la raíz de las protestas, declara su intención de convocar a nuevas elecciones generales para abril 2024, como concesión para detener las movilizaciones, si embargo, nuevas elecciones en estos plazos sin aplicar el cierre del congreso, que es una de las principales demandas de la ciudadanía, no es aceptable para la mayoría de la población.

Los reiterados llamados al dialogo, por parte del gobierno, carecen de significado, porque no se concretan en acciones que conlleven a acercar a las autoridades con las organizaciones sociales, para construir consensos dirigidos a solucionar la grave problemática que nos aqueja.

La cuota de sangre que paga la población en este enfrentamiento se incrementa y la crisis política seguirá incendiando el escenario nacional, crisis que corre el peligro de desbordar toda legalidad y hacer caer al país en el caos.

La estabilidad política que necesita el gobierno para ejercer su poder en el estado, está quebrada, el sistema político ha evidenciado que no representa al ciudadano y romper con este sistema va a requerir que se bajen los niveles de polarización, para que se pueda dialogar buscando acuerdos, antes de que la violencia se salga de control.

Analizando las protestas que se producen en todo el país, podemos rescatar seis puntos esenciales que son los que reclaman con insistencia:

1-    Cierre del congreso

2-    Elecciones generales adelantadas

3-    Reforma electoral

4-    Destitución de Dina Boluarte

5-    Asamblea constituyente

6-    Restitución de Pedro Castillo

En ese estricto orden de prioridad, tanto así que, si tan solo lograran negociar los dos primeros puntos, seguramente se lograría desarticular las protestas momentáneamente.

Las elecciones adelantadas por si mismas no son suficientes, podemos entender que, el planeamiento y ejecución de un proceso electoral, requiere de un periodo de tiempo perentorio, pero esto no debe implicar necesariamente la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia, ni el funcionamiento del congreso hasta la fecha en que esta se realice.

El llamado a elecciones adelantadas debe estar acompañado de la renuncia de Dina Boluarte, del nombramiento por consenso en el congreso de un gobierno de transición liderado por una personalidad fuera de los partidos, así como declararse el congreso en receso indefinido quedando a cargo la comisión permanente hasta la asunción del nuevo gobierno.

Recordemos que estas medidas no son nuevas, ya se dieron en el año 2000 tras la renuncia de Fujimori.

Resaltemos además que, las nuevas elecciones necesitan de una reforma electoral profunda, de otra manera seguiremos teniendo a la misma clase de políticos en el poder una y otra vez.

Una reforma electoral que rompa con el sistema actual y recupere la representación del electorado en el gobierno; los llamados partidos políticos actuales no tienen ninguna representación, es sentido común que solo son maquinas electorales, sin ideología ni propuestas, son la parte esencial del problema, por tanto, no se les debe dar el peso electoral que actualmente tienen.

La elección de representantes en el congreso debe dividirse en distritos electorales que iguale la cantidad de curules a elegirse, de tal manera que cada distrito electoral elija su representante ante el congreso; los candidatos pueden inscribirse ante el organismo electoral, como personas naturales, presentando una cantidad de firmas de adherentes que puede ser un 5% de los electores de su respectiva jurisdicción, los representantes elegidos deberán poner a disposición del publico sus datos personales como correo electrónico, perfil en Facebook, Twitter, página Web, número telefónico y domicilio, de manera que cualquiera de sus electores pueda dirigirse a ellos con sus demandas.

La elección presidencial puede seguir llevándose a cabo con los candidatos propuestos por las organizaciones políticas, los cuales tendrán la obligación de presentar un plan de gobierno detallado para cada sector del estado; el candidato elegido a la primera magistratura estará sujeto, bajo juramento, a cumplir con los puntos ofrecidos en dicho plan, constituyendo motivo de vacancia su incumplimiento.

Es importante también un control estricto de los dineros utilizados para las campañas electorales, se trata de detener la corrupción de funcionarios, además la equidad requiere que se ponga un límite estrecho a la financiación de las mismas, necesitamos que las auditorias sean severas y continuas, así como que las sanciones sean ejemplares.

Se trata de parar esta irracional espiral de violencia, de ambos lados, proponiendo una salida, no momentánea a la crisis que sufrimos, sino de dar varios pasos adelante en el fortalecimiento del estado, lo que representa una estabilidad política duradera.

 

LA DEMOCRACIA NUESTRA DE CADA DIA

En el Perú nos declaramos como una republica democrática, porque nos gobernamos con una constitución republicana, también porque tenemos una división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, y porque accedemos a elecciones universales cada cinco años; asimismo proclamamos que nuestra democracia es representativa, porque los parlamentarios que elegimos están supuestos a representar los intereses del sector social por el cual fueron elegidos.

Legal y documentariamente está todo correctamente escrito, pero hagamos un análisis mas acucioso de la forma como funciona nuestra supuesta democracia representativa en el mundo real.

En primer lugar, deberíamos recordar que nuestra democracia se funda en una constitución aprobada en el marco de un estado de cruenta dictadura, que abolió una serie de derechos ciudadanos, persiguió inmisericordemente a sus enemigos políticos, así como depredó los recursos del estado en provecho personal.

En nuestro sistema democrático, asistimos a las urnas cada cinco años para elegir presidente y parlamentarios y cada tres años para elegir alcaldes y regidores.

Las leyes electorales vigentes reconocen legalmente a los partidos políticos que se inscriben ante el Jurado Nacional de Elecciones con una cantidad determinada de firmas de adherentes y acreditando un número de locales políticos a lo largo del país; esta norma supone asegurar que los partidos inscritos tengan una real representación dentro del electorado.

La evidencia demuestra que la recolección de firmas para los planillones electorales se ha convertido últimamente en un buen negocio de algunas empresas que trabajan con las bases de datos que se suben a la nube informática, de manera que con un buen presupuesto se puede evitar estar caminando en las calles tratando de convencer a las personas para que firmen un planillón de adherentes y conseguir los planillones con nombres, DNI y firmas digitalizadas con mayor facilidad.

De la misma forma vemos como con un aporte económico, el dueño de una vivienda o un pequeño negocio consiente poner un banner, unos afiches o una bandera de propaganda y este se convierte prontamente en un local político para el partido solicitante.

Esto abre el camino para que cualquier élite con el suficiente poder económico y algo de relevancia social, que le permita figurar en la opinión pública, pueda fundar un partido político y hacerse dueño del mismo para sus propósitos particulares.

Las mismas leyes que regulan los procesos electorales le entregan al partido político la facultad elegir y posicionar a los candidatos que presentarán al proceso electoral, en el entendido que los presentará en orden a la calidad y capacidad de cada uno de ellos.

La realidad es que, desde que el partido político perdió la capacidad de sostener un efectivo enlace con el elector, lo que le brindaba la legitimidad necesaria para representar a determinado sector social, la élite que se hace dueña del partido tiene el poder de nombrar a los personajes mas allegados a sus propios intereses como candidatos, con la finalidad de obtener cuotas de poder que les permitan manipular en mayor o menor grado las funciones del estado.

Es materia conocida que una carrera electoral requiere de una campaña publicitaria gigantesca, si se pretende alcanzar alguna cuota de representación, y la publicidad, que incluye spots y entrevistas en TV, radio, periódicos, así como paneles y banderolas en puntos claves, y por supuesto los afiches, pegatinas, murales y volantes, incluyendo los gastos de transporte, equipos de sonido, iluminación y tribunas para los mítines públicos, requiere de un presupuesto voluminoso.

¿Cómo se provee el dinero suficiente para una campaña electoral? No es un secreto que los candidatos que quieren figurar en la lista de un partido tienen que ofrecer su aporte y que de acuerdo al monto desembolsado será su posición en la misma, aun aparte  de lo que deberán invertir en sus propias campañas personales; pero no será suficiente, aun cuando el/los dueños del partido también tendrán que arriesgar su propio patrimonio; será necesario convocar los capitales de inversionistas mayores, de los que juegan sus intereses en las altas esferas del mercado nacional e internacional, para ello tienen que comprometer sus intenciones políticas al favorecimiento de los intereses de sus capitalistas.

No es de extrañar en estas circunstancias que algunos dueños de partidos estén dispuestos a negociar su financiación con dinero sucio proveniente de actividades ilegales.

A fin de cuentas, votamos por un partido, porque las normas no permiten que un ciudadano sea candidato a un puesto si no es postulado por un partido, y los votos emitidos en favor de un partido establecerán el porcentaje de puestos que este ocupará en el parlamento, cuyos candidatos habrían sido determinados por el método que el dueño del partido ha establecido.

Finalmente, la paradoja, los supuestos representantes elegidos por su partido y a través del voto popular, una vez que toman posesión de su puesto, la misma ley que los llevó a esa posición, les otorga el poder total, no tienen ninguna obligación con el partido que los postuló, de hecho muchos cambian de partido a mitad de su mandato, ni tampoco con los electores que supuestamente representa, a partir de entonces es dueño de sus propias opiniones y razonamientos, no esta obligado a dar cuenta de sus actos; es más, la ley cubre de protección al parlamentario de tal manera que puede cometer delitos, como se ha comprobado reiteradamente,  y no va a ser puesto a disposición de la justicia, será juzgado solo por sus pares; de allí el dicho popular: “otorongo no come otorongo”.

Lo que en realidad sucede es que no elegimos representantes, elegimos delegados; el sistema electoral está diseñado en el entendido que el ciudadano no es suficientemente capaz de tomar decisiones de estado, por lo cual mediante el voto delegamos este poder de decisión en otra persona que supuestamente seria la más capacitada para hacerlo, por tanto, este será el que tome las decisiones por nosotros según su propio criterio, no importa cuál sea nuestra opinión al respecto. Nuestra democracia debe llamarse delegativa no así representativa.

Asimismo, sucede con la elección del presidente, este es electo bajo el auspicio de un partido, el cual corre con la campaña electoral, es decir se encarga de toda la operación publicitaria del candidato, generalmente bajo la dirección de una compañía de marketing que es contratada para el efecto; bajo estos parámetros el candidato se convierte en una mercadería, que debe ser vendida en un mercado ciudadano.

El candidato a presidente no necesita de un plan de gobierno, que suele ser voluminoso, intenso y aburrido, ya que la gran mayoría de la población no lo leerá, lo que los publicistas le proveerán será de una serie de cortos slogans que consideran son contagiosos, que resaltan necesidades y que empatan con ideas claves de la población objetivo.

El candidato nominado debe contener una personalidad resaltante, facilidad de palabra para llegar a la población, usar sus gestos y lenguaje corporal para impactar en los medios, de manera que la gente pueda identificarse con él; la verdad es que la publicidad se encargará de construir una imagen vendible de la persona que deciden lanzar a la carrera electoral; la meta es convertir al personaje en una super estrella con una inmensa cantidad de fans, ya sea por su atractivo físico, su verborrea, su manera de vestir o su historial personal, todo se convierte en un instrumento para ganar los votos que les hagan llegar al poder.

Por supuesto, una vez que el candidato llega a ganar la posición, igual que en el proceso de los supuestos representantes, no tiene ninguna obligación legal que lo ligue al partido que lo llevó al poder, ni mandato a cumplir con un plan de gobierno que no escribió y que posiblemente tampoco leyó, tampoco obligación de cumplir promesas que vertió durante la campaña, menos aun de sentirse obligado a mantener un vínculo con la ciudadanía que voto por él; el único control al que se somete es al del parlamento y al de los poderes fácticos que sostienen la economía del país.

Algo más que debemos tener en cuenta es que el sistema político no solo se maneja desde los poderes del estado, existe todo un ejército de funcionarios encargados de poner en movimiento una extensa y complicada maquinaria burocrática que hace que el país marche en una u otra dirección; funcionarios que han sido formados y adiestrados en una cultura de supervivencia, donde la competencia es por cumplir un horario con el menor esfuerzo posible, donde se premia la performance pasiva para no crear problemas y conservar el puesto de trabajo, donde se abre el campo para la expansión de la corrupción en todos los niveles y con la capacidad de boicotear cualquier iniciativa que pretenda cambiar el estatus quo.

Es un ejercito de funcionarios mediocres, porque el estado privilegia el ahorro presupuestal sobre la calidad, los bajos salarios que ofrece un puesto en el gobierno hace que los mejores profesionales opten por la empresa privada; en un país con una elevadísima tasa de desempleo, una posición en el gobierno, donde las exigencias de competencia son bajas y la estabilidad laboral es garantizada, significa un tabla de salvación para muchos que no logran cumplir los estándares de la empresa privada.

En este contexto podemos entender que no importa quien o quienes salgan elegidos como gobernantes o supuestos representantes, puede ser joven o viejo, hombre o mujer, capitalino o provinciano, de un partido o de otro, de izquierda, centro o derecha, intelectual o iletrado, aunque tenga las mejores intenciones para lograr un cambio que favorezca a las grandes mayorías, no tendrá campo de acción para lograrlo, el sistema se encarga de engullirlo dentro de su gran maquinaria; las opciones que tiene son: adaptarse o verse expulsado.

En definitiva, el sistema político esta diseñado para reproducirse, con todas sus deficiencias y perversidades, nuestra democracia camina en un circulo vicioso, donde pueden cambiar las caras, los nombres, los colores políticos, pero no el sistema, que continuará produciendo la misma calidad de políticos, que seguirán haciendo las mismas cosas que sus antecesores.

La confirmación de lo expuesto está a la vista, cuando solo en la última década hemos tenido tantos presidentes, de diferentes extracciones sociales y políticas, tantos parlamentos que fueron revocados y vueltos a elegir, pero sin embargo cada cual, pese a las promesas y discursos, termina igual o peor que el anterior.

Romper el círculo sistémico, implica cambiar las reglas de juego, crear una nueva legislación electoral, en primer lugar, luego normar las funciones y obligaciones de los representantes políticos, estipular el mandato popular en la representación de los mismos, modificar la estructura del estado en todos los niveles, tal que se adecúe a las necesidades de un aparato funcional y moderno,  construir una nueva generación de funcionarios públicos capaces de afrontar los retos del desarrollo nacional, modificando el escalafón de personal, las escalas salariales y elevando los estándares de calificación para cada posición.

Cambios radicales que requieren un nuevo pacto social, porque la evidencia demuestra que el presente no está funcionando, vivimos de crisis en crisis en una espiral de violencia social y política que amenaza con explotar; nuevas elecciones en las mismas condiciones no traerán una solución, solo nos traerá más de lo mismo.

Por esta razón la lucha por una nueva constitución debe ser el punto de quiebre de la reconstrucción nacional, y esta reivindicación debe ser explícita en la necesidad de crear un vínculo real y estable entre los electores y sus representantes, que es la clave del éxito de una democracia.

 

LA CORRUPCION DEL ESTADO CAPITALISTA

Todo el país se siente removido por el escándalo de la corrupción, prácticamente todos los gobernantes han sido manchados por ella, Fujimori,  Alan, Toledo, Humala, Keiko, PPK, ninguno se salva, como decían en broma parece que lo de la banda presidencial no se refería exactamente al ornamento que cruza sus pechos, sino a un significado más cercano a la criminalística.

Si nuestro Poder Judicial fuera más competente y no estuviera también roída por la misma corrupción, todos ellos deberían estar ya en la misma prisión, acabando sus días plantando verduras en el  jardín privado de Fujimori.

Lo más sórdido del asunto es que ahora se discute quien robo más, piden captura de Toledo por 20 millones de dólares que recibió de Odebrecht, pero los Fujimori, incluida la hija predilecta, siguen campeándose con los seis mil millones que la pareja Montesinos-Fujimori desfalco durante la dictadura, y Alan García con sus 800 millones producto de sus fechorías de “la plata viene sola” tiene el descaro de decir que no teme a la justicia, por supuesto se ha asegurado que sus jueces sean apristas incondicionales también implicados en sus “negocios”; ¿esperara en Europa nuevamente que sus crímenes prescriban?.

La marcha contra la corrupción ha servido para demostrar la rabia y hartazgo de la población para con su clase dirigente, la sensación que deja en el ciudadano común es que todos los políticos son delincuentes que se encaraman al poder para enriquecerse a costa de los bolsillos ajenos.

Pareciera que esto no tiene final, no hay una clara solución al problema de la corrupción, si todos son corruptos y los que no son, pronto, cuando llegan al poder, se convierten en lo mismo; ¿pero acaso ya no estaba esto en el subconsciente de muchos peruanos? ¿No votaron muchos por aquel que roba pero hace obra?

Hemos aceptado, implícitamente, el hecho que el sistema reproduce la corrupción, pero no nos gusta que nos lo echen a la cara, de la manera como el escándalo de Odebrecht lo ha hecho.

Pero vamos, que toda la derecha a saltado de sus asientos cuando Verónica Mendoza acuso al sistema neoliberal capitalista de acunar la corrupción; que en todas partes hay corrupción, han dicho, que el PT de Brasil, que la Argentina de Kirchner, que la china o que Cuba; pues bueno que haya corrupción en otras partes del mundo no justifica, ni hace menos grave la corrupción en nuestro país; y de todas formas el sistema neoliberal es un sistema global, que con diferentes gobiernos y en diferentes medidas se aplica aquí y en el resto del planeta,  por lo menos en todo los que estamos interconectados a través de la economía y el comercio, así que la excusa es muy vaga.

Si bien no podemos afirmar que el sistema neoliberal propugna la corrupción como proceso implícito en su desarrollo,  si podemos decir que la corrupción puede atacar y volverse endémica en diferentes sistemas, ninguno está vacunado e inmune, pero lo cierto es que en algunos sistemas le es mucho más fácil implantarse que en otros, y esto es lo que ocurre con el capitalismo neoliberal, pero los defensores del sistema no pueden aceptar su realidad.

La Constitución fujimorista asegura que los contratos firmados por el Estado con empresas extranjeras no puedan ser revisados y modificados, esto con el pretexto de asegurar la inversión extranjera, pero esta fue una llave para todas las concesiones que Fujimori hizo sobre nuestros recursos naturales, pero lógicamente esta ganga fue rápidamente aprovechada por los sucesivos gobiernos para realizar sus “faenones”; además esto se configura con aquella puerta falsa de las adendas, mediante las cuales pueden legalmente hacer ganar una licitación a la empresa que deseen ofreciendo el precio más bajo, con la seguridad  que posteriormente antes de iniciar la obra, mediante adendas podrán hasta duplicar o triplicar el precio pactado. Es decir el Estado no puede negociar los contratos firmados, pero las empresas si pueden modificar los acuerdos mediante las adendas.

Lo que podemos comprobar tras todo este escándalo y los anteriores es que desde que Montesinos construyo  para Fujimori todo este inmenso aparato diseñado para la corrupción, creación que abarca los aparatos del Estado, las instituciones militares, el poder judicial, el tribunal constitucional, los medios de prensa, las instituciones financieras, todos sometidos por prebendas, coimas o chantaje; tras la caída de Fujimori, los presidentes que le sucedieron encontraron más fácil simplemente cortar las cabezas más resaltantes de esta mafia, pero continuar utilizando la bien aceitada maquinaria que les brindaba un inmenso poder y facilidad para gobernar aplastando la oposición, y claro enriquecerse personalmente y a su grupo de allegados, sin dificultad, usando los privilegios de gobernante, la mesa estaba servida, ¿cómo no caer en la tentación?, además ¿si los otros lo hicieron, por qué yo no?

Cada vez se suman más razones, cada vez resulta más claro, este sistema nos condena a repetir la historia una y otra vez, nuestra Constitución necesita ser revocada y crear una nueva que inicie la refundación de patria tal como la queremos; que se garantice la representación de nuestros intereses en el congreso, no queremos nunca más firmar cartas en blanco a  personajes que prometen  lograr cualquier cosa para ganar una elección y luego actúan a su libre albedrio jugando por sus propios intereses; esto significa devolver el poder de decisión a las manos del ciudadano común, que no nos sigan tratando como ignorantes, empujándonos a  delegar en otros el poder para  decidir  qué es lo mejor para nosotros.

SINDROME DE DOBLE PERSONALIDAD

Tierra y Libertad padece de una fuerte crisis de identidad, algunos de sus líderes se lamentan que las otras organizaciones del Frente Amplio quieren apoderarse de su organización, sin embargo en otro momento los mismos reclaman que el Frente Amplio son ellos, como una disfunción de doble personalidad no? lástima que no hay atención psicológica para organizaciones.

Como Tierra y Libertad tienen todo un meritorio trabajo realizado durante años, en defensa del medio ambiente y sus metas ecologistas empatan con muchas organizaciones a nivel internacional; cedieron su inscripción legal para que el FA pudiera participar en las elecciones del 2016, pero cuando el FA obtuvo un apreciable porcentaje de aceptación ciudadana, pretenden usurpar las prerrogativas de ser FA, pero sin perder el control de su origen como TyL; lo dicho, cuando conviene quieren seguir siendo TyL y también FA; respaldándose en la representación legal que supuestamente prestaron para las elecciones.

La realidad es que la lucha por el poder, luego que el Frente Amplio logro una remarcable presencia electoral en las últimas elecciones,  se ha convertido en un tipo de competencia que justamente esta nueva generación de izquierda en el Perú estaba tratando de superar.

La idea central ha sido ampliar sustantivamente  la democracia interna en las organizaciones políticas, la premisa de un militante un voto, es la garantía de que no volvamos a la toma de decisiones por una cúpula de dirigentes, ni al clandestinismo, donde el militante tiene que acatar los acuerdos de la cúpula sin ninguna explicación; en democracia la mayoría se acata y la minoría se respeta, pero la información debe ser completa y la comunicación fluida.

Los que respaldamos el liderazgo de Verónica Mendoza, ahora agrupados en Nuevo Perú, estamos en esta línea, no vemos en ella un “gurú” político, ni un mesías del socialismo, creemos que en este momento es la persona que mejor nos representa, pero siempre estaremos dispuestos a enfrentar el veredicto de la mayoría, las elecciones primarias son el mejor termómetro de sentir ciudadano.

Lo más penoso de este melodrama, digno de una telenovela mexicana o venezolana, es que llevaron toda su ropa sucia a exponerla en público en los medios sociales y la prensa, los que justamente se engolosinaron con estas disputas de comadres, para desprestigiar a toda la izquierda, que con el porcentaje electoral obtenido, representa una amenaza para el sistema.

Esta es la hora de hacer una vuelta de página, y continuar construyendo  lo que nuestra ciudadanía reclama, una opción de izquierda seria, con metas y planes realistas, con fuertes convicciones, y un norte claro y definido.

Seguimos luchando por la unidad en el FA porque creemos que es una buena opción siempre y cuando abra su organización a una estructura democrática, donde haya respeto de mayorías y minorías, no aceptamos más dirigentes innatos, necesitamos lideres representativos y respaldados por sus bases.

Finalmente serán estos liderazgos los que darán el valor a las organizaciones, porque de nada vale una inscripción legal si no tienes la real representación de tus electores, si no estás inserto en el corazón de tu pueblo.

Primero Montesinos, ahora Odebrecht

El escándalo por la admisión de culpa de la empresa Odebrecht de haber pagado coimas a altos funcionarios de gobierno en numerosos países con la finalidad de ganar adjudicaciones del Estado, ha removido profundamente el ambiente político en el Perú,  los mismos presidentes de la Republica que ostentaron el cargo durante los últimos veinte años estarían en la lista de involucrados,

En otros países donde ya las investigaciones avanzaron notablemente, la justicia está capturando a los implicados; en el Perú, a pesar que comparten las investigaciones que los otros países ya realizaron, toman las cosas con la punta de los dedos, mientras ordenan la captura de algunos funcionarios de la plana media, los más avezados ya están fuera del país;  es más mientras los jueces se toman su tiempo para decidir qué medidas tomar, el fiscal pide a la UIF que no congele las cuentas de Odebrecht y sus empresas asociadas, ¡increíble! solo pasa en el Perú

Y es que la corte de justicia de New York donde se dilucido el caso, ordeno a Odebrecht dentro del pacto de colaboración eficaz, que diera los nombres y los montos de las coimas que realizo en los distintos países, y que colaborara con la justicia de aquellos países, así que la información ya está desarrollada,

Lo que correspondería al Estado peruano es cerrar todas las oficinas de Odebrecht y empresas asociadas, incautar su documentación financiera para investigación, porque podemos suponer que el fraude fue más grande de lo que ellos admitieron, congelar sus cuentas bancarias, paralizar las obras que esta empresa y sus asociadas tengan adjudicadas y rescindir los contratos que estuvieran vigentes, así como ordenar el impedimento de salida del país a toda la lista de sospechosos y capturar inmediatamente a los que ya han sido implicados.

Sin embargo estamos en el Perú, donde el Apra y el Fujimorismo tienen secuestrado el poder judicial y el congreso  de la república,  la lentitud y la actitud temerosa del poder judicial no es coincidencia, y el congreso nombra una comisión investigadora que tiene como miembros a los mismos sospechosos de haber sido receptores de las coimas, es decir ellos mismos se van a investigar.

¿No hay solución?...  cuando cayó Fujimori tuvimos la oportunidad de rehacer nuestro modelo social, Montesinos se encargó de destruir toda la institucionalidad del Estado, había que empezar de cero, pero no estuvimos a la altura, la mafia se reconstruyo, se mimetizo, y continuamos con el modelo; esta parecería ser otra oportunidad de iniciar la reforma del Estado, descalificando a toda la costra política que ha estado usurpando el poder ciudadano todo este tiempo, pero nuevamente no parece que estemos a la altura de asumir el reto.

Solo espero que todos estos golpes vayan modelando la conciencia política del ciudadano y más temprano que tarde se produzca la rebelión de la masa silenciosa y pongamos sobre sus patas lo que está de cabeza.

Insisto en hacer un llamado a las fuerzas políticas sanas de la patria, a seguir derrochando esfuerzos en el trabajo de sus bases, tenemos que alcanzar ese consenso ciudadano para cambiar la Constitución Política y mediante esta devolver el poder de decisión del país a sus ciudadanos, esa es nuestra mejor apuesta.