En el Perú nos declaramos como una republica democrática, porque nos gobernamos con una constitución republicana, también porque tenemos una división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, y porque accedemos a elecciones universales cada cinco años; asimismo proclamamos que nuestra democracia es representativa, porque los parlamentarios que elegimos están supuestos a representar los intereses del sector social por el cual fueron elegidos.
Legal y documentariamente está todo correctamente escrito,
pero hagamos un análisis mas acucioso de la forma como funciona nuestra
supuesta democracia representativa en el mundo real.
En primer lugar, deberíamos recordar que nuestra
democracia se funda en una constitución aprobada en el marco de un estado de cruenta
dictadura, que abolió una serie de derechos ciudadanos, persiguió inmisericordemente
a sus enemigos políticos, así como depredó los recursos del estado en provecho
personal.
En nuestro sistema democrático, asistimos a las urnas cada
cinco años para elegir presidente y parlamentarios y cada tres años para elegir
alcaldes y regidores.
Las leyes electorales vigentes reconocen legalmente a
los partidos políticos que se inscriben ante el Jurado Nacional de Elecciones
con una cantidad determinada de firmas de adherentes y acreditando un número de
locales políticos a lo largo del país; esta norma supone asegurar que los
partidos inscritos tengan una real representación dentro del electorado.
La evidencia demuestra que la recolección de firmas para
los planillones electorales se ha convertido últimamente en un buen negocio de
algunas empresas que trabajan con las bases de datos que se suben a la nube informática,
de manera que con un buen presupuesto se puede evitar estar caminando en las
calles tratando de convencer a las personas para que firmen un planillón de
adherentes y conseguir los planillones con nombres, DNI y firmas digitalizadas
con mayor facilidad.
De la misma forma vemos como con un aporte económico,
el dueño de una vivienda o un pequeño negocio consiente poner un banner, unos
afiches o una bandera de propaganda y este se convierte prontamente en un local
político para el partido solicitante.
Esto abre el camino para que cualquier élite con el suficiente
poder económico y algo de relevancia social, que le permita figurar en la opinión
pública, pueda fundar un partido político y hacerse dueño del mismo para sus propósitos
particulares.
Las mismas leyes que regulan los procesos electorales le
entregan al partido político la facultad elegir y posicionar a los candidatos
que presentarán al proceso electoral, en el entendido que los presentará en
orden a la calidad y capacidad de cada uno de ellos.
La realidad es que, desde que el partido político perdió
la capacidad de sostener un efectivo enlace con el elector, lo que le brindaba
la legitimidad necesaria para representar a determinado sector social, la élite
que se hace dueña del partido tiene el poder de nombrar a los personajes mas
allegados a sus propios intereses como candidatos, con la finalidad de obtener
cuotas de poder que les permitan manipular en mayor o menor grado las funciones
del estado.
Es materia conocida que una carrera electoral requiere
de una campaña publicitaria gigantesca, si se pretende alcanzar alguna cuota de
representación, y la publicidad, que incluye spots y entrevistas en TV, radio, periódicos,
así como paneles y banderolas en puntos claves, y por supuesto los afiches,
pegatinas, murales y volantes, incluyendo los gastos de transporte, equipos de
sonido, iluminación y tribunas para los mítines públicos, requiere de un presupuesto
voluminoso.
¿Cómo se provee el dinero suficiente para una campaña
electoral? No es un secreto que los candidatos que quieren figurar en la lista
de un partido tienen que ofrecer su aporte y que de acuerdo al monto
desembolsado será su posición en la misma, aun aparte de lo que deberán invertir en sus propias
campañas personales; pero no será suficiente, aun cuando el/los dueños del partido
también tendrán que arriesgar su propio patrimonio; será necesario convocar los
capitales de inversionistas mayores, de los que juegan sus intereses en las
altas esferas del mercado nacional e internacional, para ello tienen que comprometer
sus intenciones políticas al favorecimiento de los intereses de sus capitalistas.
No es de extrañar en estas circunstancias que algunos dueños
de partidos estén dispuestos a negociar su financiación con dinero sucio proveniente
de actividades ilegales.
A fin de cuentas, votamos por un partido, porque las
normas no permiten que un ciudadano sea candidato a un puesto si no es postulado
por un partido, y los votos emitidos en favor de un partido establecerán el
porcentaje de puestos que este ocupará en el parlamento, cuyos candidatos habrían
sido determinados por el método que el dueño del partido ha establecido.
Finalmente, la paradoja, los supuestos representantes elegidos
por su partido y a través del voto popular, una vez que toman posesión de su
puesto, la misma ley que los llevó a esa posición, les otorga el poder total,
no tienen ninguna obligación con el partido que los postuló, de hecho muchos
cambian de partido a mitad de su mandato, ni tampoco con los electores que
supuestamente representa, a partir de entonces es dueño de sus propias
opiniones y razonamientos, no esta obligado a dar cuenta de sus actos; es más,
la ley cubre de protección al parlamentario de tal manera que puede cometer
delitos, como se ha comprobado reiteradamente, y no va a ser puesto a disposición de la
justicia, será juzgado solo por sus pares; de allí el dicho popular: “otorongo
no come otorongo”.
Lo que en realidad sucede es que no elegimos
representantes, elegimos delegados; el sistema electoral está diseñado en el
entendido que el ciudadano no es suficientemente capaz de tomar decisiones de
estado, por lo cual mediante el voto delegamos este poder de decisión en otra
persona que supuestamente seria la más capacitada para hacerlo, por tanto, este
será el que tome las decisiones por nosotros según su propio criterio, no
importa cuál sea nuestra opinión al respecto. Nuestra democracia debe llamarse
delegativa no así representativa.
Asimismo, sucede con la elección del presidente, este es
electo bajo el auspicio de un partido, el cual corre con la campaña electoral,
es decir se encarga de toda la operación publicitaria del candidato,
generalmente bajo la dirección de una compañía de marketing que es contratada
para el efecto; bajo estos parámetros el candidato se convierte en una mercadería,
que debe ser vendida en un mercado ciudadano.
El candidato a presidente no necesita de un plan de
gobierno, que suele ser voluminoso, intenso y aburrido, ya que la gran mayoría de
la población no lo leerá, lo que los publicistas le proveerán será de una serie
de cortos slogans que consideran son contagiosos, que resaltan necesidades y
que empatan con ideas claves de la población objetivo.
El candidato nominado debe contener una personalidad
resaltante, facilidad de palabra para llegar a la población, usar sus gestos y
lenguaje corporal para impactar en los medios, de manera que la gente pueda
identificarse con él; la verdad es que la publicidad se encargará de construir
una imagen vendible de la persona que deciden lanzar a la carrera electoral; la
meta es convertir al personaje en una super estrella con una inmensa cantidad
de fans, ya sea por su atractivo físico, su verborrea, su manera de vestir o su
historial personal, todo se convierte en un instrumento para ganar los votos
que les hagan llegar al poder.
Por supuesto, una vez que el candidato llega a ganar
la posición, igual que en el proceso de los supuestos representantes, no tiene
ninguna obligación legal que lo ligue al partido que lo llevó al poder, ni
mandato a cumplir con un plan de gobierno que no escribió y que posiblemente tampoco
leyó, tampoco obligación de cumplir promesas que vertió durante la campaña,
menos aun de sentirse obligado a mantener un vínculo con la ciudadanía que voto
por él; el único control al que se somete es al del parlamento y al de los
poderes fácticos que sostienen la economía del país.
Algo más que debemos tener en cuenta es que el sistema
político no solo se maneja desde los poderes del estado, existe todo un ejército
de funcionarios encargados de poner en movimiento una extensa y complicada maquinaria
burocrática que hace que el país marche en una u otra dirección; funcionarios
que han sido formados y adiestrados en una cultura de supervivencia, donde la
competencia es por cumplir un horario con el menor esfuerzo posible, donde se
premia la performance pasiva para no crear problemas y conservar el puesto de
trabajo, donde se abre el campo para la expansión de la corrupción en todos los
niveles y con la capacidad de boicotear cualquier iniciativa que pretenda cambiar
el estatus quo.
Es un ejercito de funcionarios mediocres, porque el
estado privilegia el ahorro presupuestal sobre la calidad, los bajos salarios
que ofrece un puesto en el gobierno hace que los mejores profesionales opten
por la empresa privada; en un país con una elevadísima tasa de desempleo, una posición
en el gobierno, donde las exigencias de competencia son bajas y la estabilidad laboral
es garantizada, significa un tabla de salvación para muchos que no logran
cumplir los estándares de la empresa privada.
En este contexto podemos entender que no importa quien
o quienes salgan elegidos como gobernantes o supuestos representantes, puede
ser joven o viejo, hombre o mujer, capitalino o provinciano, de un partido o de
otro, de izquierda, centro o derecha, intelectual o iletrado, aunque tenga las
mejores intenciones para lograr un cambio que favorezca a las grandes mayorías,
no tendrá campo de acción para lograrlo, el sistema se encarga de engullirlo
dentro de su gran maquinaria; las opciones que tiene son: adaptarse o verse
expulsado.
En definitiva, el sistema político esta diseñado para
reproducirse, con todas sus deficiencias y perversidades, nuestra democracia
camina en un circulo vicioso, donde pueden cambiar las caras, los nombres, los
colores políticos, pero no el sistema, que continuará produciendo la misma
calidad de políticos, que seguirán haciendo las mismas cosas que sus
antecesores.
La confirmación de lo expuesto está a la vista, cuando
solo en la última década hemos tenido tantos presidentes, de diferentes
extracciones sociales y políticas, tantos parlamentos que fueron revocados y
vueltos a elegir, pero sin embargo cada cual, pese a las promesas y discursos,
termina igual o peor que el anterior.
Romper el círculo sistémico, implica cambiar las
reglas de juego, crear una nueva legislación electoral, en primer lugar, luego
normar las funciones y obligaciones de los representantes políticos, estipular
el mandato popular en la representación de los mismos, modificar la estructura del
estado en todos los niveles, tal que se adecúe a las necesidades de un aparato funcional
y moderno, construir una nueva generación
de funcionarios públicos capaces de afrontar los retos del desarrollo nacional,
modificando el escalafón de personal, las escalas salariales y elevando los estándares
de calificación para cada posición.
Cambios radicales que requieren un nuevo pacto social,
porque la evidencia demuestra que el presente no está funcionando, vivimos de
crisis en crisis en una espiral de violencia social y política que amenaza con
explotar; nuevas elecciones en las mismas condiciones no traerán una solución,
solo nos traerá más de lo mismo.
Por esta razón la lucha por una nueva constitución debe
ser el punto de quiebre de la reconstrucción nacional, y esta reivindicación debe
ser explícita en la necesidad de crear un vínculo real y estable entre los
electores y sus representantes, que es la clave del éxito de una democracia.
