LA GOBERNANTA Y SU AGONIA

 

Dina Boluarte asumió la presidencia del país, como la primera mujer en dicha posición, en medio de una grave crisis política, gatillada por el absurdo llamado a un golpe de estado de su antecesor, crisis que venía desarrollándose desde antes que el nuevo presidente electo asuma el cargo.

El sentimiento popular desde hace algún tiempo es que se vayan todos, si bien es sentido común que el presidente Castillo no cumplió con la promesa de gobernar en favor del país, está también suficientemente claro que la mayoría de congresistas son unos impresentables que solo buscan su propio provecho; por eso la rebelión se ha disparado en gran parte del país, que no acepta que, más allá de la vacancia de Castillo, el congreso pretenda asumir el poder, teniendo en cuenta que ya tiene en agenda ejecutar cambios constitucionales para asegurar sus posiciones y abrir la posibilidad de reelegirse.

La gobernanta tuvo la oportunidad dar un paso adelante para limar las agudas aristas de esta crisis, pero empezó con malos pasos, pidió una tregua a los congresistas y abrió conversaciones con los partidos deslegitimados, a continuación, nombró un gabinete de ministros que claramente demuestran un compromiso con cuotas de poder con aquellos partidos, varios de ellos con lazos empresariales que los debería llevar a inhibirse de ejercer.

Desatada la protesta a nivel nacional, apenas a un par de días de su mandato, su ministro del interior decide responder con represión policial, lo cual inflamó los ánimos desencadenando una espiral de violencia que sobrepasa el control de las fuerzas de seguridad.

En una completa ceguera política, pretende acabar con la violencia, declarando el estado de emergencia a nivel nacional, sacando a los efectivos del ejército a la calle para enfrentar las protestas; los muertos y heridos demuestran lo irracional de esta medida.

Sin lograr entender la raíz de las protestas, declara su intención de convocar a nuevas elecciones generales para abril 2024, como concesión para detener las movilizaciones, si embargo, nuevas elecciones en estos plazos sin aplicar el cierre del congreso, que es una de las principales demandas de la ciudadanía, no es aceptable para la mayoría de la población.

Los reiterados llamados al dialogo, por parte del gobierno, carecen de significado, porque no se concretan en acciones que conlleven a acercar a las autoridades con las organizaciones sociales, para construir consensos dirigidos a solucionar la grave problemática que nos aqueja.

La cuota de sangre que paga la población en este enfrentamiento se incrementa y la crisis política seguirá incendiando el escenario nacional, crisis que corre el peligro de desbordar toda legalidad y hacer caer al país en el caos.

La estabilidad política que necesita el gobierno para ejercer su poder en el estado, está quebrada, el sistema político ha evidenciado que no representa al ciudadano y romper con este sistema va a requerir que se bajen los niveles de polarización, para que se pueda dialogar buscando acuerdos, antes de que la violencia se salga de control.

Analizando las protestas que se producen en todo el país, podemos rescatar seis puntos esenciales que son los que reclaman con insistencia:

1-    Cierre del congreso

2-    Elecciones generales adelantadas

3-    Reforma electoral

4-    Destitución de Dina Boluarte

5-    Asamblea constituyente

6-    Restitución de Pedro Castillo

En ese estricto orden de prioridad, tanto así que, si tan solo lograran negociar los dos primeros puntos, seguramente se lograría desarticular las protestas momentáneamente.

Las elecciones adelantadas por si mismas no son suficientes, podemos entender que, el planeamiento y ejecución de un proceso electoral, requiere de un periodo de tiempo perentorio, pero esto no debe implicar necesariamente la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia, ni el funcionamiento del congreso hasta la fecha en que esta se realice.

El llamado a elecciones adelantadas debe estar acompañado de la renuncia de Dina Boluarte, del nombramiento por consenso en el congreso de un gobierno de transición liderado por una personalidad fuera de los partidos, así como declararse el congreso en receso indefinido quedando a cargo la comisión permanente hasta la asunción del nuevo gobierno.

Recordemos que estas medidas no son nuevas, ya se dieron en el año 2000 tras la renuncia de Fujimori.

Resaltemos además que, las nuevas elecciones necesitan de una reforma electoral profunda, de otra manera seguiremos teniendo a la misma clase de políticos en el poder una y otra vez.

Una reforma electoral que rompa con el sistema actual y recupere la representación del electorado en el gobierno; los llamados partidos políticos actuales no tienen ninguna representación, es sentido común que solo son maquinas electorales, sin ideología ni propuestas, son la parte esencial del problema, por tanto, no se les debe dar el peso electoral que actualmente tienen.

La elección de representantes en el congreso debe dividirse en distritos electorales que iguale la cantidad de curules a elegirse, de tal manera que cada distrito electoral elija su representante ante el congreso; los candidatos pueden inscribirse ante el organismo electoral, como personas naturales, presentando una cantidad de firmas de adherentes que puede ser un 5% de los electores de su respectiva jurisdicción, los representantes elegidos deberán poner a disposición del publico sus datos personales como correo electrónico, perfil en Facebook, Twitter, página Web, número telefónico y domicilio, de manera que cualquiera de sus electores pueda dirigirse a ellos con sus demandas.

La elección presidencial puede seguir llevándose a cabo con los candidatos propuestos por las organizaciones políticas, los cuales tendrán la obligación de presentar un plan de gobierno detallado para cada sector del estado; el candidato elegido a la primera magistratura estará sujeto, bajo juramento, a cumplir con los puntos ofrecidos en dicho plan, constituyendo motivo de vacancia su incumplimiento.

Es importante también un control estricto de los dineros utilizados para las campañas electorales, se trata de detener la corrupción de funcionarios, además la equidad requiere que se ponga un límite estrecho a la financiación de las mismas, necesitamos que las auditorias sean severas y continuas, así como que las sanciones sean ejemplares.

Se trata de parar esta irracional espiral de violencia, de ambos lados, proponiendo una salida, no momentánea a la crisis que sufrimos, sino de dar varios pasos adelante en el fortalecimiento del estado, lo que representa una estabilidad política duradera.

 

CONSTRUYENDO EL MOMENTO CONSTITUYENTE

El cambio constitucional es un tema recurrente especialmente en Latinoamérica, tarea que se muestra sumamente difícil ya que la cúpula de los gobiernos no acepta la necesidad de un nuevo pacto social, que significaría la perdida de muchos de sus privilegios como portadores del poder.

Pero también hay una parte de la ciudadanía no logra entender esta necesidad, saben que el sistema no funciona de forma justa para ellos, sin embargo, solo ven la parte que les golpea directamente: el desempleo, el alza de precios, la delincuencia, sin captar los vínculos que tienen estos fenómenos entre sí, ni comprenden la raíz común que permite estos se desarrollen.

La principal objeción que se levanta contra el cambio constitucional es que crearía inestabilidad política y depresión económica, la actualidad nacional nos comprueba que la inestabilidad y la crisis política y económica ya están presentes, siendo más bien uno de los factores principales que hace necesario el cambio constitucional; los continuos conflictos entre el ejecutivo y el congreso son moneda común y no se restringen a un período de gobierno, todos los gobiernos de las últimas décadas han presentado este fenómeno, el cual se agudiza en cada período, la situación económica aparece estable en el ámbito macroeconómico, mostrando números positivos, pero en el mundo real el ciudadano común siente que su presupuesto es  cada vez más estrecho, la corrupción aparece como un mal endémico en todos los niveles del estado.

Otro argumento que enfrentamos es que no es necesario una nueva constitución, que, si determinamos fallas en la presente, existen los mecanismos legales para plantear reformas parciales, podemos encontrar ejemplos en otros países; Estados Unidos es el mas relevante, tiene una constitución que dura mas de 200 años, ha soportado varios cambios que son llamados enmiendas y ha sido la base para la fundación de las repúblicas.

Sin embargo, resulta inapropiado, para darle un nombre, “reformar” mas del 50% de los artículos constitucionales, especialmente cuando estos se enfocan en derechos básicos del ciudadano para garantizar su representación, que es el eje fundacional de toda constitución, que es lo que, a final de cuentas, define a una nación; para el caso, lo que corresponde es crear una nueva carta magna.

Pero asumamos, por lograr un consenso, que elegimos “reformar” la constitución, teóricamente es posible hacerlo, para esto el congreso tiene dos caminos, obtener la aprobación del proyecto, elaborado previamente en la comisión de constitución, con dos tercios de los votos, en dos legislaturas consecutivas o con una mayoría simple y luego someterlo a un referéndum popular para que sea efectivo.

Sin embargo, nuestros congresistas han demostrado reiteradamente que van a bloquear toda iniciativa que tienda a cambiar el sistema político que los favorece, nada los obliga a respetar la voluntad ciudadana, el poder que les otorga el voto popular los hace intocables.

Otro sector plantea que, dado que tanto el gobierno como este congreso están totalmente deslegitimados, llamar a elecciones generales sería una solución apropiada para resolver la crisis política; la realidad nuevamente nos golpea en la cara para demostrarnos que una y otra vez hemos cambiado presidentes, se eligieron nuevos congresistas y no alcanzamos el cambio significativo que necesitamos, seguimos en el mismo circulo vicioso. Nuevas elecciones no van a solucionar la crisis.

Esta crisis es crónica porque el fundamento de la democracia es la representación de la voluntad ciudadana, representación cuyo vínculo con los electores se ha roto y no encuentra la vía para reconectarse; ningún régimen puede llamarse democrático, por más que presente instituciones propias como parlamento, tribunales de justicia y elecciones generales, si a pesar de todo no es capaz de interpretar el mandato de su pueblo.

Lo paradójico en estas circunstancias es que, aquellos congresistas que se niegan a aceptar un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, proyectan cambiar más de cincuenta artículos de la constitución, pero en un sentido que incrementa el poder y privilegios de sus propias posiciones políticas.

En otras palabras, niegan la posibilidad al ciudadano para realizar los cambios en su constitución y se asumen como los únicos que pueden hacerlo en sus propios términos.

El factor relevante como podemos ver es la representación, como columna vertebral de cualquier pacto social, entendiendo que este punto tiene que ser esencial en el debate constitucional, hay que tener presente que también necesitamos una definición preliminar, expresada en una ley de reforma electoral, antes de llegar a la convocatoria de una asamblea constituyente, porque así como el llamado a elecciones generales no supone una solución a la crisis política, convocar a una constituyente dentro de las mismas reglas que impone el sistema, pondría un cerrojo a la posibilidad de un cambio, debido, nuevamente, a que los asambleístas no podrían asumir la representación del ciudadano.

Cambios imprescindibles para cerrar la brecha de representación son tanto los métodos de elección, como la definición de los roles que deben desarrollar los que sean elegidos en las posiciones designadas.

Muchos otros aceptan que debe hacerse un cambio constitucional, pero archivan la idea bajo el argumento de que no existe aún el momento constituyente necesario para plantearlo; hace falta detenerse en esta deducción, si analizamos que no hay un momento constituyente ¿Cuándo estaremos dispuestos a plantear esta propuesta? ¿Cuándo el momento constituyente surja espontáneamente de la nada?

Resulta obvio que el momento constituyente se va construyendo planteando la idea desde un inicio, mostrando los fundamentos de la propuesta, debatiéndola en diversas instancias, dándole forma a las opciones que existen para concretarla, captando el apoyo de los sectores sociales, es materia de un trabajo político.

Por otro lado, con un país sumido en sucesivas crisis políticas, que han deslegitimado a los poderes del estado, cuando el ciudadano ha perdido todo sentido de representación en su clase política, cuando la población esta sintiendo el impacto del desempleo, la corrupción, el alza constante del costo de vida, la escasez de productos de primera necesidad, la delincuencia y la insuficiencia de los servicios básicos del estado como salud y educación, etc. ¿aún creen que no hay espacio para un momento constituyente? ¿entonces para cuándo?

Una crisis de representación política, tan profunda como la que vivimos, solo se resuelve restaurando los vínculos que legitiman dicha representación, tarea que necesariamente debe ser llevada a cabo por una asamblea constituyente, que deberá evaluar el sistema político fundándose en el principio de justicia social; elaborando un proyecto de constitución que tendrá que ser aprobado, artículo por artículo, en un referéndum popular que le dará vigencia.

Tengamos en cuenta que la ausencia de legitimidad trae, tarde o temprano, como consecuencia el rompimiento del orden político, el desbalance de poderes, y esto lleva a un agravamiento de la crisis que puede desembocar en un estallido social cuya violencia llegue a ser difícil de controlar y que nadie de uno u otro lado del espectro político puede desear.

 

EL NUEVO PACTO SOCIAL

 

¿Por qué la bandera de nueva constitución recorre actualmente América Latina? La respuesta recurrente es que la sociedad que rige tal constitución ha sufrido cambios radicales a consecuencia de las transformaciones tecnológicas, la globalización, la posmodernidad. Pero, ¿es necesario realmente cambiar la constitución o una reforma parcial de ciertos aspectos de la misma seria suficiente para adecuarla a la nueva realidad social? La respuesta a esta interrogante es la que divide actualmente a los electores en cada nación.

Se define la constitución política de un estado como un pacto social entre los diferentes estamentos de una patria soberana; pero muchas veces se confunde este acuerdo nacional con una decisión sobre políticas de estado, que son mas bien materia de la labor legislativa y no de la constituyente, esto se fundamenta en que las políticas de estado son aplicables como respuesta a circunstancias sociales, económicas o políticas, las cuales pueden cambiar impredeciblemente y las respuestas a las mismas estarán influenciadas por la ideología dominante en los poderes del estado en un momento determinado; mientras que el pacto social que refrenda la constitución se refiere al acuerdo que las naciones se comprometen a respetar para definir las instituciones que forman la estructura del estado, los derechos y libertades de los ciudadanos, pero fundamentalmente, la forma como los ciudadanos tomaran las decisiones respecto a las políticas de estado, lo que definirá que tipo de patria queremos construir.

Las constituciones actuales, en América Latina especialmente, adolecen de dos factores que las vuelven endebles, lo primero es que tratan de dictar políticas de gobierno, reduciendo el rol del estado a un papel subsidiario en relación a la empresa privada, limitando excesivamente su acción de control, definiendo políticas económicas como el modelo primario exportador, creando regímenes especiales para las empresas extranjeras, regulando la tributación, definiendo las líneas educativas y de salud reproductiva, entre otras; lo que las convierte en estacionales, frágiles a los cambios de opinión de una mayoría o del grupo hegemónico en el gobierno de turno.

Lo segundo es su absoluta falta de representatividad; las constituciones republicanas, en su generalidad, declaran erróneamente la democracia representativa, cuando realmente ejercen una democracia delegativa; la cual fue institucionalizada en los finales del siglo XIX, y se basa en un sistema de partidos que, con una particular ideología política, están supuestos a representar a las diferentes clases sociales existentes y cuyo trabajo social en la ciudadanía le ganará el apoyo en votos para poner un numero proporcional de delegados al parlamento, quienes, consecuentes con los ideales que proclaman, deben defender los intereses de sus electores en el debate legislativo.

Afirmamos que la democracia republicana actual es delegativa y no representativa, como pretende ser, porque hace más de medio siglo que han dejado de representar; en el acto electoral, el ciudadano al emitir su voto, lo que hace es delegar su poder de decisión en otra persona, la cual debe suponerse mejor capacitada para la función y la cual no responde necesariamente a la opinión de sus electores, ni está obligado a dar cuenta de sus decisiones ante nadie más.

La delegación de poderes se estipula en el siglo XIX con la concepción de que el pueblo, en su gran mayoría iletrado, no poseía las capacidades para decidir las cuestiones del gobierno de un estado, las que serian tomadas por la élite ilustrada, que supuestamente tendría las habilidades necesarias para esta labor.

El siglo XXI se presenta con profundos cambios sociales, los cuales no solo modifican los parámetros del desarrollo humano, sino incluso cambian el significado de muchos términos; para el mundo posmoderno representación significa participación, cuando no se puede garantizar la participación activa del ciudadano, este no se sentirá representado de ninguna manera.

Con los avances de la tecnología y el proceso de globalización, el sistema social a entrado en un proceso de cambios que han vuelto obsoletos los supuestos del siglo pasado; las clases sociales, como eran entendidas por Marx  o Weber, no existen más, actualmente la sociedad moderna esta estratificada en múltiples sectores algunos de los cuales se superponen en determinados tiempos y espacios; por esta razón sus intereses varían en correspondencia; los partidos políticos al no alcanzar la capacidad de representar tan variados intereses, pierden la autoridad que les brindaba la ideología, convirtiéndose en simples cazadores de votos, cascarones vacíos de propuestas, que sobreviven acechando a los ciudadanos con promesas que saben que no podrán cumplir, cuyo objetivo es colocar la mayor cantidad de delegados en el parlamento para cumplir con los intereses de aquellos que financiaron sus millonarias campañas publicitarias y poder medrar del presupuesto público.

De esta manera la política pública se ha convertido en un mercado de corrupción, con supuestos lideres que no representan a nadie socialmente, que una vez elegidos no dan cuenta ante nadie de sus actos, es más, que son protegidos por una inmunidad malentendida, que se sustentaba como protección a los tribunos de sus opositores políticos y que ahora es usada para blindar sus actos delincuenciales; son supuestos lideres creados artificialmente por un aparato mediático que se alimenta de los mismos fondos que drenan de la corrupción.

No existen mas las clases sociales que definían la existencia de los partidos políticos tradicionales, sin embargo, las constituciones republicanas continúan reforzando la presencia de estos en el sistema electoral que alimenta la estructura del estado.

La existencia de partidos y lideres que no representan a la sociedad que pretenden gobernar, crea una crisis que golpea constantemente el sistema político y hace imposible a cualquier gobernante, sea de derecha, izquierda o centro, sostener un programa ni siquiera al mediano plazo.

Esto demuestra la urgencia de un nuevo pacto social, uno que corrija los dos factores que están impidiendo a nuestras sociedades superar la crisis que agota el sistema cada vez con mayor impacto y que podría desencadenar una anarquía autodestructiva con graves consecuencias.

Necesitamos una constitución que se ciña, en primer lugar, a exponer la visión y misión con la que los ciudadanos como sociedad organizada se proponen construir una nación.

Segundo, a establecer los derechos ciudadanos, en todos los niveles, tanto civiles, como políticos, sociales y culturales, estableciendo además los deberes que como ciudadanos comprometidos con la patria están obligados a cumplir.

Tercero, crear los poderes del estado y la estructura de sus instituciones, definiendo sus funciones generales y específicas, dando las líneas de cómo se dirigirán estas y como se designará a sus funcionarios, el tiempo de sus mandatos, así también el cómo se manejará la interdependencia entre ellas.

Cuarto, a establecer un sistema electoral que devuelva el control de las decisiones de estado a la ciudadanía; convirtiéndonos en una verdadera democracia representativa.

Quinto, a definir los procedimientos que regirán para las reformas o cambio de la constitución.

La segunda parte se refiere a la representatividad que debe generar un gobierno; hemos señalado como los partidos políticos tradicionales se volvieron obsoletos a partir de la disolución de las clases sociales que estaban supuestos a representar, convirtiéndose en vientres de alquiler para personajes ignominiosos que buscan aprovecharse de las posiciones de poder que el estado les puede brindar.

Romper con ese proceso delincuencial requiere cambiar los métodos de elección de nuestras autoridades; por principio, abandonar los privilegios de los partidos, no vamos a votar por partidos que no son representativos, si votamos por personas que pueden merecer nuestra confianza, dejemos que ellos mismos hagan el trabajo en su propia comunidad, que puedan postularse para cualquier puesto publico sin necesidad de estar respaldados por un partido, los partidos y organizaciones políticas seguirán existiendo, podrán apoyar a cualquier candidato de sus preferencias, pero queda establecido que ningún candidato tiene un vinculo mandatorio con cualquiera de ellas, por el mismo motivo no se reconocerán bancadas, ni alianzas, cada representante es responsable de su desempeño.

Segundo, los representantes al parlamento deben ser elegidos de manera exclusiva por cada distrito electoral, lo que significa que, si tiene que elegirse 100 representantes, deberán delimitarse 100 distritos electorales, los cuales se distribuirán proporcionalmente en las diferentes regiones de acuerdo a su población electoral.

Tercero, los representantes no son dueños de sus votos y opiniones, son solo los voceros de sus representados, es decir de los ciudadanos de su distrito electoral por el cual han sido elegidos; es obligación de los representantes llevar un mandato de sus electores para cada votación.

La función esencial del parlamento es elaborar leyes, una función subsidiaria es de control al gobierno, la cual se ejecuta a través de interpelaciones a sus ministros y la potestad de censura a los mismos; el parlamento no tendrá facultades investigadoras, la cual procede solo para el poder judicial.

Los electores de cada distrito deben tener la potestad de censurar a su representante en cualquier momento de su periodo por votación simple.

La representatividad de los parlamentarios estaría de esta manera asegurada, eliminando aquella prerrogativa que acepta su propio criterio como el de la mayoría, convirtiéndolos de esta manera en simples portavoces.

La democracia representativa supera a la democracia delegativa, adecuándose a los cambios sociales de la era moderna; la implementación del voto electrónico es una exigencia del mundo digital para facilitar la acreditación del mandato de los parlamentarios.

La eliminación del voto obligatorio es otro punto esencial para afirmar la representatividad; la obligación de votar se impuso en el supuesto que, la participación de la gran mayoría de los ciudadanos, daría al gobierno la legitimidad que necesita; sin embargo, esto jugó en sentido contrario, pues cuando el ciudadano se siente apremiado para emitir su voto, especialmente en circunstancias donde este se encuentra desinformado y ni los candidatos ni el sistema le ofrecen garantías de confianza, llega al ánfora electoral sin ninguna convicción y emite un voto vacío de contenido, aun cuando marca la casilla de algún partido, es un voto de desesperanza que no sirve, políticamente hablando, para legitimar un gobierno; aunque legalmente sea válido; así en las últimas décadas, muchas personas llegan a las urnas, no a votar por un candidato de su preferencia, sino para emitir un voto en contra del candidato que rechazan con mayor fuerza; por eso el ciudadano común no se siente representado por los gobiernos de turno, generando una crisis de legitimidad permanente, convirtiendo en irrelevante que tipo de gobierno asuma el poder.

El voto optativo genera una responsabilidad del votante que tiene que asumir su decisión a lo largo del periodo, rompiendo el peso político del voto en contra; esto otorga per se la legitimidad que necesita cualquier gobierno, porque incluso el ausentismo está votando virtualmente, al no asistir, esta diciéndonos que no le importa quien sea elegido, que cualquiera de ellos le da igual, de manera que muy poco puede sentirse de oposición.

En este punto de nuestra ponencia podemos darnos cuenta que la implementación del voto electrónico será el motor que impulse toda la cadena de trasformaciones requeridas; la sencillez, celeridad, lo asequible y seguro que provee la sistematización de los procesos electorales, abre el camino para que las consultas puedan realizarse con mucha regularidad y por lo tanto acerca de los más diversos temas.

Otro punto importante a establecer es la injerencia de los sectores empresariales en los procesos electorales; estamos acostumbrados a ver campañas publicitarias millonarias en cada elección, lo que conlleva avisos a toda pagina en los diarios de mayor circulación, paneles publicitarios en las principales vías, volantes, afiches y murales distribuidos en toda la ciudad, así como espacios en la radio y televisión, para promocionar a un candidato; ¿nos preguntamos quien paga todo esto?, la respuesta obvia es, donaciones de campaña, ¿Quién esta dispuesto a donar miles o millones a una campaña electoral? Solo grandes empresas tienen la capacidad de disponer de estas sumas de dinero con esa facilidad, pero, ¿Cuál es la finalidad por la cual dispensan estas sumas?, las empresas se manejan como líneas de negocio, invierten capitales donde esperan recibir ganancias, nadie regala dinero sin una finalidad en el mundo de los negocios, se deduce entonces que su expectativa es recuperar su inversión con ingentes ganancias, de acuerdo al riesgo, cuando el candidato asume la posición esperada, ¿Cómo lo logran? Exigiendo privilegios ilegales que los ponen en ventaja para hacer negocios con el estado en desmedro del presupuesto nacional.

Quebrar esta cadena de corrupción requiere controlar el flujo de dinero que financia las campañas; significa impedir no solo el flujo de dinero sucio, sino de todos aquellos financiamientos que corren tras la inmoralidad en el poder.

Esto requiere bloquear todo financiamiento electoral privado, estableciendo que el estado es el único autorizado para efectuar propaganda electoral, a través de espacios contratados en los medios de comunicación hablados, escritos y televisivos, así como paneles en vías públicas,  los cuales serán distribuidos de manera equitativa entre los candidatos competidores; quedando abierta la posibilidad de estos hacer campaña a través de las redes sociales, mítines públicos y volanteos;  lo cual deberá ser regulado por la ley; esta es la manera de evitar que sea el poder económico el que influya en la elección de un líder político, dando a todos los candidatos las mismas posibilidades de llegar a sus electores con sus propuestas.

Volvemos a la pregunta inicial ¿es necesario tener una nueva constitución o es suficiente una reforma parcial?

Quienes se oponen incluso a consultar la ciudadanía la opción de una nueva constitución, argumentan que existen muchas reformas necesarias y urgentes que el país necesita antes de pensar en una nueva carta magna, que es un proyecto de mediano plazo; planteando que no existe aún un momento constitucional que impulse un giro político que justifique una asamblea constituyente.

Es cierto que existen muchas reformas en campos como la salud, el transporte, educación etc. que son muy importantes y que no necesariamente dependen de un cambio constitucional, sin embargo, asumiendo los razonamientos que hemos presentado y teniendo en cuenta la experiencia histórica, las probabilidades de que todas estas reformas sean burladas por la corrupción y los intereses creados, es demasiado alta como para tomar el riesgo, porque seguimos funcionando en el mismo circulo de poderes facticos que han creado esta crisis y que durante años están tratando de administrarla en provecho propio.

La premisa del momento constitucional se devela teniendo en cuenta que no brota espontáneamente en una coyuntura especifica, mas bien, es un proceso que se va construyendo, lo que hace necesario que la propuesta sea impulsada permanentemente hasta llegar a una concientización ciudadana que lo convertirá en activo.

El otro argumento, de ir a reformas parciales, cae por su propio peso, ¿Quiénes serian los responsables de activar las reformas necesarias? ¿acaso no serían los mismos que hoy en día evaden su compromiso, no representan a ningún sector especifico y no dan cuenta de sus actos ante nadie? ¿cómo podemos confiar la responsabilidad del cambio a los mismos se benefician con el statu quo?

La coyuntura demuestra que un nuevo pacto social resulta imprescindible si pretendemos quebrar la mecánica de retroalimentación de este sistema, que favorece la corrupción y que ha generado la grave crisis política que estamos viviendo.

Los hechos sociales trascienden a las pretensiones de las personas y no es casual que esta década esté marcada por el clamor de una nueva constitución.

De las transformaciones que la tecnología ha venido provocando en las formaciones sociales, emerge ahora esta brega que busca conquistar una actualización de las condiciones en que funcionan nuestras sociedades.

Lo que un nuevo pacto social significa, es el logro de una competencia de esfuerzos para elaborar un acuerdo, entre los diferentes estamentos funcionales de la sociedad, que exprese los intereses comunes de las partes y cree los mecanismos para asegurar que ninguna de ellas tome ventaja sobre la otra; acuerdo que necesita de las fortalezas políticas de una izquierda y una derecha con signos de madurez, inteligente y racional, desprovistos de radicalismos y fundamentalismos, ya que además deben tomar una significancia histórica planteando un proceso político de largo plazo.

Algo que debemos tener muy presente es que una constitución no será la solución para todos los conflictos sociales y políticos que esta crisis ha creado, pero es la herramienta que nos permitirá empezar a actuar directamente dando respuesta a los mismos.

Que la evolución del principio constitucional está en marcha es un hecho incontrastable, los esfuerzos del fundamentalismo de derecha para detenerlo, solo pueden lograr dilatarlo en el tiempo, pero se tata de un desarrollo incontenible; depende ahora del trabajo de las fuerzas progresistas superar la rémora conservadora y dar ejemplo de liderazgo en el camino del cambio constitucional.