LA GOBERNANTA Y SU AGONIA

 

Dina Boluarte asumió la presidencia del país, como la primera mujer en dicha posición, en medio de una grave crisis política, gatillada por el absurdo llamado a un golpe de estado de su antecesor, crisis que venía desarrollándose desde antes que el nuevo presidente electo asuma el cargo.

El sentimiento popular desde hace algún tiempo es que se vayan todos, si bien es sentido común que el presidente Castillo no cumplió con la promesa de gobernar en favor del país, está también suficientemente claro que la mayoría de congresistas son unos impresentables que solo buscan su propio provecho; por eso la rebelión se ha disparado en gran parte del país, que no acepta que, más allá de la vacancia de Castillo, el congreso pretenda asumir el poder, teniendo en cuenta que ya tiene en agenda ejecutar cambios constitucionales para asegurar sus posiciones y abrir la posibilidad de reelegirse.

La gobernanta tuvo la oportunidad dar un paso adelante para limar las agudas aristas de esta crisis, pero empezó con malos pasos, pidió una tregua a los congresistas y abrió conversaciones con los partidos deslegitimados, a continuación, nombró un gabinete de ministros que claramente demuestran un compromiso con cuotas de poder con aquellos partidos, varios de ellos con lazos empresariales que los debería llevar a inhibirse de ejercer.

Desatada la protesta a nivel nacional, apenas a un par de días de su mandato, su ministro del interior decide responder con represión policial, lo cual inflamó los ánimos desencadenando una espiral de violencia que sobrepasa el control de las fuerzas de seguridad.

En una completa ceguera política, pretende acabar con la violencia, declarando el estado de emergencia a nivel nacional, sacando a los efectivos del ejército a la calle para enfrentar las protestas; los muertos y heridos demuestran lo irracional de esta medida.

Sin lograr entender la raíz de las protestas, declara su intención de convocar a nuevas elecciones generales para abril 2024, como concesión para detener las movilizaciones, si embargo, nuevas elecciones en estos plazos sin aplicar el cierre del congreso, que es una de las principales demandas de la ciudadanía, no es aceptable para la mayoría de la población.

Los reiterados llamados al dialogo, por parte del gobierno, carecen de significado, porque no se concretan en acciones que conlleven a acercar a las autoridades con las organizaciones sociales, para construir consensos dirigidos a solucionar la grave problemática que nos aqueja.

La cuota de sangre que paga la población en este enfrentamiento se incrementa y la crisis política seguirá incendiando el escenario nacional, crisis que corre el peligro de desbordar toda legalidad y hacer caer al país en el caos.

La estabilidad política que necesita el gobierno para ejercer su poder en el estado, está quebrada, el sistema político ha evidenciado que no representa al ciudadano y romper con este sistema va a requerir que se bajen los niveles de polarización, para que se pueda dialogar buscando acuerdos, antes de que la violencia se salga de control.

Analizando las protestas que se producen en todo el país, podemos rescatar seis puntos esenciales que son los que reclaman con insistencia:

1-    Cierre del congreso

2-    Elecciones generales adelantadas

3-    Reforma electoral

4-    Destitución de Dina Boluarte

5-    Asamblea constituyente

6-    Restitución de Pedro Castillo

En ese estricto orden de prioridad, tanto así que, si tan solo lograran negociar los dos primeros puntos, seguramente se lograría desarticular las protestas momentáneamente.

Las elecciones adelantadas por si mismas no son suficientes, podemos entender que, el planeamiento y ejecución de un proceso electoral, requiere de un periodo de tiempo perentorio, pero esto no debe implicar necesariamente la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia, ni el funcionamiento del congreso hasta la fecha en que esta se realice.

El llamado a elecciones adelantadas debe estar acompañado de la renuncia de Dina Boluarte, del nombramiento por consenso en el congreso de un gobierno de transición liderado por una personalidad fuera de los partidos, así como declararse el congreso en receso indefinido quedando a cargo la comisión permanente hasta la asunción del nuevo gobierno.

Recordemos que estas medidas no son nuevas, ya se dieron en el año 2000 tras la renuncia de Fujimori.

Resaltemos además que, las nuevas elecciones necesitan de una reforma electoral profunda, de otra manera seguiremos teniendo a la misma clase de políticos en el poder una y otra vez.

Una reforma electoral que rompa con el sistema actual y recupere la representación del electorado en el gobierno; los llamados partidos políticos actuales no tienen ninguna representación, es sentido común que solo son maquinas electorales, sin ideología ni propuestas, son la parte esencial del problema, por tanto, no se les debe dar el peso electoral que actualmente tienen.

La elección de representantes en el congreso debe dividirse en distritos electorales que iguale la cantidad de curules a elegirse, de tal manera que cada distrito electoral elija su representante ante el congreso; los candidatos pueden inscribirse ante el organismo electoral, como personas naturales, presentando una cantidad de firmas de adherentes que puede ser un 5% de los electores de su respectiva jurisdicción, los representantes elegidos deberán poner a disposición del publico sus datos personales como correo electrónico, perfil en Facebook, Twitter, página Web, número telefónico y domicilio, de manera que cualquiera de sus electores pueda dirigirse a ellos con sus demandas.

La elección presidencial puede seguir llevándose a cabo con los candidatos propuestos por las organizaciones políticas, los cuales tendrán la obligación de presentar un plan de gobierno detallado para cada sector del estado; el candidato elegido a la primera magistratura estará sujeto, bajo juramento, a cumplir con los puntos ofrecidos en dicho plan, constituyendo motivo de vacancia su incumplimiento.

Es importante también un control estricto de los dineros utilizados para las campañas electorales, se trata de detener la corrupción de funcionarios, además la equidad requiere que se ponga un límite estrecho a la financiación de las mismas, necesitamos que las auditorias sean severas y continuas, así como que las sanciones sean ejemplares.

Se trata de parar esta irracional espiral de violencia, de ambos lados, proponiendo una salida, no momentánea a la crisis que sufrimos, sino de dar varios pasos adelante en el fortalecimiento del estado, lo que representa una estabilidad política duradera.

 

CONSTRUYENDO EL MOMENTO CONSTITUYENTE

El cambio constitucional es un tema recurrente especialmente en Latinoamérica, tarea que se muestra sumamente difícil ya que la cúpula de los gobiernos no acepta la necesidad de un nuevo pacto social, que significaría la perdida de muchos de sus privilegios como portadores del poder.

Pero también hay una parte de la ciudadanía no logra entender esta necesidad, saben que el sistema no funciona de forma justa para ellos, sin embargo, solo ven la parte que les golpea directamente: el desempleo, el alza de precios, la delincuencia, sin captar los vínculos que tienen estos fenómenos entre sí, ni comprenden la raíz común que permite estos se desarrollen.

La principal objeción que se levanta contra el cambio constitucional es que crearía inestabilidad política y depresión económica, la actualidad nacional nos comprueba que la inestabilidad y la crisis política y económica ya están presentes, siendo más bien uno de los factores principales que hace necesario el cambio constitucional; los continuos conflictos entre el ejecutivo y el congreso son moneda común y no se restringen a un período de gobierno, todos los gobiernos de las últimas décadas han presentado este fenómeno, el cual se agudiza en cada período, la situación económica aparece estable en el ámbito macroeconómico, mostrando números positivos, pero en el mundo real el ciudadano común siente que su presupuesto es  cada vez más estrecho, la corrupción aparece como un mal endémico en todos los niveles del estado.

Otro argumento que enfrentamos es que no es necesario una nueva constitución, que, si determinamos fallas en la presente, existen los mecanismos legales para plantear reformas parciales, podemos encontrar ejemplos en otros países; Estados Unidos es el mas relevante, tiene una constitución que dura mas de 200 años, ha soportado varios cambios que son llamados enmiendas y ha sido la base para la fundación de las repúblicas.

Sin embargo, resulta inapropiado, para darle un nombre, “reformar” mas del 50% de los artículos constitucionales, especialmente cuando estos se enfocan en derechos básicos del ciudadano para garantizar su representación, que es el eje fundacional de toda constitución, que es lo que, a final de cuentas, define a una nación; para el caso, lo que corresponde es crear una nueva carta magna.

Pero asumamos, por lograr un consenso, que elegimos “reformar” la constitución, teóricamente es posible hacerlo, para esto el congreso tiene dos caminos, obtener la aprobación del proyecto, elaborado previamente en la comisión de constitución, con dos tercios de los votos, en dos legislaturas consecutivas o con una mayoría simple y luego someterlo a un referéndum popular para que sea efectivo.

Sin embargo, nuestros congresistas han demostrado reiteradamente que van a bloquear toda iniciativa que tienda a cambiar el sistema político que los favorece, nada los obliga a respetar la voluntad ciudadana, el poder que les otorga el voto popular los hace intocables.

Otro sector plantea que, dado que tanto el gobierno como este congreso están totalmente deslegitimados, llamar a elecciones generales sería una solución apropiada para resolver la crisis política; la realidad nuevamente nos golpea en la cara para demostrarnos que una y otra vez hemos cambiado presidentes, se eligieron nuevos congresistas y no alcanzamos el cambio significativo que necesitamos, seguimos en el mismo circulo vicioso. Nuevas elecciones no van a solucionar la crisis.

Esta crisis es crónica porque el fundamento de la democracia es la representación de la voluntad ciudadana, representación cuyo vínculo con los electores se ha roto y no encuentra la vía para reconectarse; ningún régimen puede llamarse democrático, por más que presente instituciones propias como parlamento, tribunales de justicia y elecciones generales, si a pesar de todo no es capaz de interpretar el mandato de su pueblo.

Lo paradójico en estas circunstancias es que, aquellos congresistas que se niegan a aceptar un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, proyectan cambiar más de cincuenta artículos de la constitución, pero en un sentido que incrementa el poder y privilegios de sus propias posiciones políticas.

En otras palabras, niegan la posibilidad al ciudadano para realizar los cambios en su constitución y se asumen como los únicos que pueden hacerlo en sus propios términos.

El factor relevante como podemos ver es la representación, como columna vertebral de cualquier pacto social, entendiendo que este punto tiene que ser esencial en el debate constitucional, hay que tener presente que también necesitamos una definición preliminar, expresada en una ley de reforma electoral, antes de llegar a la convocatoria de una asamblea constituyente, porque así como el llamado a elecciones generales no supone una solución a la crisis política, convocar a una constituyente dentro de las mismas reglas que impone el sistema, pondría un cerrojo a la posibilidad de un cambio, debido, nuevamente, a que los asambleístas no podrían asumir la representación del ciudadano.

Cambios imprescindibles para cerrar la brecha de representación son tanto los métodos de elección, como la definición de los roles que deben desarrollar los que sean elegidos en las posiciones designadas.

Muchos otros aceptan que debe hacerse un cambio constitucional, pero archivan la idea bajo el argumento de que no existe aún el momento constituyente necesario para plantearlo; hace falta detenerse en esta deducción, si analizamos que no hay un momento constituyente ¿Cuándo estaremos dispuestos a plantear esta propuesta? ¿Cuándo el momento constituyente surja espontáneamente de la nada?

Resulta obvio que el momento constituyente se va construyendo planteando la idea desde un inicio, mostrando los fundamentos de la propuesta, debatiéndola en diversas instancias, dándole forma a las opciones que existen para concretarla, captando el apoyo de los sectores sociales, es materia de un trabajo político.

Por otro lado, con un país sumido en sucesivas crisis políticas, que han deslegitimado a los poderes del estado, cuando el ciudadano ha perdido todo sentido de representación en su clase política, cuando la población esta sintiendo el impacto del desempleo, la corrupción, el alza constante del costo de vida, la escasez de productos de primera necesidad, la delincuencia y la insuficiencia de los servicios básicos del estado como salud y educación, etc. ¿aún creen que no hay espacio para un momento constituyente? ¿entonces para cuándo?

Una crisis de representación política, tan profunda como la que vivimos, solo se resuelve restaurando los vínculos que legitiman dicha representación, tarea que necesariamente debe ser llevada a cabo por una asamblea constituyente, que deberá evaluar el sistema político fundándose en el principio de justicia social; elaborando un proyecto de constitución que tendrá que ser aprobado, artículo por artículo, en un referéndum popular que le dará vigencia.

Tengamos en cuenta que la ausencia de legitimidad trae, tarde o temprano, como consecuencia el rompimiento del orden político, el desbalance de poderes, y esto lleva a un agravamiento de la crisis que puede desembocar en un estallido social cuya violencia llegue a ser difícil de controlar y que nadie de uno u otro lado del espectro político puede desear.