Podemos decir que las fuerzas armadas, que incluye al
cuerpo policial, siempre han estado influenciadas por las fuerzas políticas,
pero nunca fue su acción tan evidente como en estos últimos meses.
Hemos visto un despliegue impresionante de fuerzas
para defender un gobierno ilegitimo, al cual desde todas las regiones del país
le exige renunciar; han salido a reprimir a balazos multitudinarias
manifestaciones antigubernamentales, con la consiguiente cuota de muertos entre
la población civil, pero tienen la impunidad que les otorga una clase política
que se sabe acorralada y que solo puede mantenerse por la fuerza de las armas.
Creímos que, tras la fuga de Fujimori al Japón en el
2000, habíamos derrotado al fujimorismo y su corrupción que campeó en el país
por toda una década, pero fuimos engañados, solo logramos cortar algunas
cabezas, pero la maquinaria fujimorista continúa funcionando para perjuicio del
país.
El sistema de corrupción inaugurado por el fujimorismo
sigue invadiendo el poder judicial, el ministerio público, el tribunal
constitucional, los partidos políticos, la prensa, etc.
Todos sabemos como Fujimori y Montesinos, usaron el
terrorismo de sendero luminoso para tratar de perpetuarse en el poder; los
mismos métodos siguen utilizándose cada vez que su sistema se ve amenazado,
alzan la voz acusando de terroristas a todo aquel que se opone al poder, saben
bien que la herida que dejó el terrorismo en nuestra sociedad es un punto
sensible aún.
No es casual que cuando hay alguna conmoción social
surja un ataque a las fuerzas del orden en las zonas del narcotráfico,
justamente para reavivar el miedo en la población.
Constatamos además que la inteligencia policial, al
menos en los casos sociales como el presente, caen en un ridículo enorme, como
acusar de terroristas a personas por tener libros de Marx y Lenin, o usar la
semiótica para ver colores de violencia y muerte, o encontrar financistas de
planes terroristas a una anciana con dos mil soles; lo único que realmente
demuestran es una desesperada búsqueda de justificar, ante la opinión pública,
la represión ilegal que despliegan.
Acusamos a la policía y las fuerzas armadas por su
accionar abusivo e indiscriminado en contra de los derechos ciudadanos, pero
deberíamos analizar que, siendo instituciones militares, o militarizadas en el
caso de la policía, están sometidos a un código disciplinario estricto; lo cual
significa que los subalternos no pueden actuar sin ordenes especificas que
provienen de un escalafón con un régimen de casta muy marcado.
Las escuelas de oficiales tienen barreras definidas
para quienes quieren postular a sus aulas, especialmente debes pasar por el
filtro económico, pues requieren de fuertes sumas de dinero para pagar sus
estudios, cosa que no muchos pueden alcanzar, luego de las pruebas de
conocimiento, las entrevistas personales son el gran ultimo filtro,
generalmente tienes que estar bien relacionado o provenir de familias
importantes; hasta hace poco era imposible que un afroamericano ingresara a la
marina.
Las escuelas para la tropa son menos restrictivas, es
más fácil que un ciudadano común ingrese a estas aulas; desde un principio se
hace sentir claramente la diferencia entre la tropa y los oficiales, no importa
la antigüedad, la experiencia, los galardones, el grado que tenga un
subalterno, siempre estará bajo el mando irrestricto del oficial más joven e
inexperimentado.
Dicho esto, hay que entender que, si bien al autor
directo de los delitos le corresponde una responsabilidad, son los altos mandos
de los institutos los verdaderos responsables de los mismos; son los que dan
las órdenes y quienes diseñan los planes operativos.
La tropa se ve instigada por sus mandos a actuar
contra la población como si de enemigos se tratara, muchas veces incluso en
contra de su sentido común, a riesgo de enfrentarse a drásticas sanciones; “las
ordenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones” es una consigna que se infunde
en la tropa desde su entrenamiento.
A contraparte de la oficialidad, el personal
subalterno frecuentemente es enviado a operar en zonas alejadas, apartándolos
de su familia, muchas veces sin el pago a tiempo de sus viáticos, tiene que
pagar su propia alimentación, les hacen dormir en el suelo, sin la logística
necesaria, ni el equipo adecuado para cumplir su labor; estas condiciones se
suman para que la condición mental del individuo se ve afectada y responda con
violencia ante las circunstancias que tiene que enfrentar.
Una reforma policial, especialmente, es urgente es
tarea del próximo gobierno, quebrando ese enlace entre el gobierno de turno y
las fuerzas armadas, las que deben su lealtad al estado y su nación, no así a
los políticos, del color que estos sean, que ostentan el poder.
La labor de la policía es la protección del ciudadano
y el resguardo del orden interno, investigando y combatiendo la delincuencia;
si bien sus integrantes pueden ejercer sus derechos políticos como ciudadanos,
el conjunto, como institución tiene que mantenerse al margen del quehacer
político.
Debe convertirse en sentido común que los miembros de
las FFAA y policiales no pueden estar exentos de la justicia del ciudadano
común, los tribunales disciplinarios internos solo tienen jurisdicción para las
faltas administrativas y reglamentarias de cada cuerpo, no tienen ninguna para
los delitos tipificados en el fuero común.
Un primer paso será romper con el sistema clasista y
discriminador que está en su base, reorganizar el escalafón de grados de tal
manera que todos sus miembros asistan a una escuela unificada, ingresen a la
carrera policial desde el grado mas bajo de subordinados y tengan oportunidad,
de acuerdo a los estudios realizados, su capacidad y experiencia, a alcanzar
los mas altos grados de la oficialidad, “a mandar se aprende obedeciendo”.
Segundo, que para alcanzar los grados de oficial se
exija no solo materias policiales, sino además estudios en ciencias y
humanidades de nivel universitario.
Tercero, que se cree un estatuto que regule las relaciones
entre el gobierno y las FFAA y policiales, así como una instancia profesional
interdisciplinaria que sancione el cumplimiento de dicho estatuto.
Un cuerpo policial profesional moderno y eficiente no
puede seguir empleando el sistema de peones y oficiales, todos los individuos
merecen las mismas oportunidades y los ismos derechos, el desarrollo de la
carrera irá depurando a los que no alcanzan el estándar requerido y promoverá a
los más destacados.
Las FFAA y la policía son el brazo armado del estado,
no del gobierno; un gobierno legítimamente elegido sin importar su color
político, extrema izquierda o extrema derecha, se debe al orden constitucional
y las leyes que de ella emanan.
Ningún gobierno puede ordenarles actuar en contra de
la constitución y las leyes.
La constitución de la republica defiende en primer
lugar la vida humana y protege los derechos ciudadanos, como son el libre
transito por el territorio nacional, la libertad de reunión, la libertad de
prensa y opinión, así como el derecho a la protesta pacífica.
El uso de la fuerza letal está estrictamente estipulado
en las leyes y cualquier quebrantamiento de las mismas debe ser investigado de oficio
en los niveles policiales y poder judicial, siguiendo los protocolos
establecidos, ningún régimen de excepción puede argumentarse para evadir las
responsabilidades penales y políticas.
