EL ESTADO EMPRESARIO

 

Después de los ensayos estatizadores de la década del 70, la contrarrevolución neoliberal revirtió todas las experiencias previas, al extremo de quedar proscrita toda intervención del estado en el mercado.

La justificación partía de la excesiva burocratización en que cayeron muchas empresas estatales, lo que les puso en desventaja en el mercado, como consecuencia de tal generaban continuas perdidas que tenían que ser cubiertas por el presupuesto público; además de que, por la misma razón, los servicios que prestaban eran deficientes.

Por otro lado, la empresa privada, motivada exclusivamente por lucro, supuestamente se ajusta a las exigencias del mercado y enfrenta la competencia del rubro, lo cual garantizaría su eficiencia, sin la cual se disuelve todo emprendimiento, ya que nadie puede financiar a largo plazo una empresa que fracasa.

A consecuencia de la aplicación de estos principios, lo que ha sucedido es que la empresa privada ha aprovechado su ventaja copando los sectores esenciales de la economía nacional, con el objetivo de abusar al extremo la ventaja de su posición, abriendo una extensa brecha en su presupuesto costo – beneficio, a costa, en primer lugar, de los trabajadores bajo su responsabilidad, reduciendo salarios y beneficios laborales para explotar la mano de obra, y segundo, rebajando la calidad de los servicios prestados, en detrimento de la debida satisfacción de las necesidades de la sociedad a la que se deben.

Por principio debemos hacer notar que definir las actividades del estado constitucionalmente resulta inapropiado; tal como anota Beatriz Von Loebenstein en su tesis “Estado y Mercado en las Empresas Públicas” ante la Universidad de Chile: “Las funciones que comprende y asume el Estado varían según la época, los intereses y las necesidades de la sociedad. De esta forma, el Estado evoluciona, se transforma y asume nuevas tareas a la vez que renuncia a otras. Por lo tanto, “la enumeración a priori de finalidades específicas del Estado que determinasen exclusivamente su actuación, como alguna vez se ha intentado, es absurda” La determinación de las finalidades del Estado se hará en estricta relación con la concepción que se tenga del mismo, de las atribuciones que se le quieran entregar y de la forma en que se distribuyan las tareas entre los distintos poderes del Estado y entre éstos y los ciudadanos”.

Estamos convencidos de que la historia de las sociedades evoluciona, pero además sabemos que las circunstancias de cada país, de cada región en determinados momentos requieren distintos tipos de acciones, no es sensato atar las manos del estado desde una constitución, que debe regir largo plazo, impidiendo de esta manera que pueda reaccionar a las situaciones políticas y otros escenarios que se puedan presentar.

La mayor parte de las constituciones latinoamericanas declaran que el sistema económico del país es “una economía social de mercado”, pero en sus acciones se quedan en el mercado, obviando lo social; en primer lugar, relegando las funciones del estado a un rol subsidiario, donde solo puede intervenir donde la empresa privada ha fracasado o donde esta no tiene interés en invertir, lo que significa que la preeminencia esta en el campo del mercado, no así en el bienestar de la población.

Se dictan leyes con la justificación de poner en igualdad de condiciones a la empresa nacional y extranjera, y lo que en realidad sucede, es que, debido a la cantidad de recursos que una trasnacional posee, se pone en desventaja a lo nacional, lo que frecuentemente provoca la asimilación por parte de la trasnacional; siendo que todo estado debería considerar como asunto de seguridad nacional la independencia en materia de recursos básicos, por motivos obvios.

Con el fin de darle seguridad a los inversionistas extranjeros se elaboran contratos estipulando que pueden estar por encima de las leyes nacionales; estableciendo exoneraciones tributarias que ningún gobierno puede afectar, otorgando beneficios indebidos y estatus jurídicos especiales para protegerlos.

Se enajena la propiedad de los recursos naturales y servicios estratégicos en favor de la actividad privada, poniendo al estado como representante de la nación en un plano subordinado.

En resumen, ceñir el rol que debe desempeñar el estado en su función para el logro del bienestar ciudadano, es desconocer que este es el representante de la sociedad en su conjunto, no solo de un sector privilegiado de la misma.

No ignoramos las falencias que ha demostrado el estado en muchos casos, administrando empresas públicas, las mismas se presentan también en algunas empresas privadas, con menor frecuencia si hay que ser honestos, pero no asumamos que es una recurrencia típica del estado, cuando este ha demostrado que también puede ser exitoso en el campo empresarial.

La demonización del estado empresario, levanta la figura aterrorizante de los gobiernos estatizadores y expropiadores que surgieron a mediados del siglo pasado; sin embargo, tanto la expropiación totalitaria, como la estatización generalizada, así como el control de precios y de los medios financieros, son medidas inconcebibles en el mundo real de hoy.

Nos encontramos ante una función que tiene un mal desempeño, así que, en lugar de abandonarla en otras manos, el deber tiene que llevarnos a analizar la falla, para encontrar la solución más adecuada; cada nación cuenta con equipos profesionales de alta calidad y recursos tecnológicos suficientes para enfrentar una crisis administrativa; el punto de quiebre es impulsar una voluntad política para ejecutarla.

Burocracia, corrupción e ineficiencia, son los tres fantasmas que agobian al estado, los cuales están íntimamente ligados, la excesiva burocracia provoca que en el afán de esquivarla se recurra a la corrupción y ambas juntas generan ineficacia; por tanto, es necesario combatirlas paralelamente.

La excesiva burocracia generalmente se atribuye a la necesidad de los grupos políticos que acceden al gobierno de recompensar a sus mas fieles partidarios, quienes trabajaron la campaña para ganar las elecciones, con puestos de trabajo en el aparato estatal; una reducción de los puestos considerados de confianza, así como estrictos procedimientos de calificación para la contratación de personal, asegurando su idoneidad y oportunidad, sería una buena barrera inicial para contener la expansión burocrática; sin embargo debe exigirse una reingeniería de todo el sistema administrativo del estado, invertir en sistemas tecnológicos de ultima generación, digitalizar y consolidar las bases de datos de las distintas entidades y en los diferentes niveles, de esta manera minimizar la mano de obra y proveer eficacia a las distintas funciones que realiza; hay que abandonar la imagen del estado como la fuente esencial de generación de empleos, la reingeniería de la estructura institucional del estado implica poner a las personas más capacitadas en los puestos donde son necesarios para lograr la mayor eficiencia; lo contrario significa crear puestos de trabajo para recompensar servicios, copar instituciones e inflar artificialmente la tasa de empleo.

La lucha contra corrupción, tratada como un mal endémico, especialmente en los países del tercer mundo, se consolida, en primer lugar, integrándola al sistema educativo desde los niveles básicos, así aseguramos una generación que ha incorporado ciertos valores esenciales para la sociedad; en segundo lugar, colectivizado las esferas de dirección, concentrar el poder en un solo individuo es depositar toda la confianza de honestidad en una persona que quizá no la merezca o que inviste debilidades que pueden ser explotadas por terceros; mientras que las disposiciones sean tomadas por un conjunto de individuos, el riesgo de corrupción será menor; tercero y definitivo, hay que crear mecanismos de control ciudadano, en los diferentes niveles del aparato estatal, si no empoderamos al ciudadano para que verifique el correcto funcionamiento del estado que lo representa, estamos promoviendo un estado burocrático donde un estamento de funcionarios tiene el poder, el tipo de poder que corrompe.

Por último, podemos deducir que, si logramos desburocratizar el estado y controlar la corrupción, tenemos el camino despejado para construir una solida eficiencia en todas las operaciones propias del aparato estatal; contamos con alta tecnología y equipo profesional destacado para tal fin.

Teniendo un estado eficiente podemos descartar las descalificaciones de los opositores al rol empresarial del mismo; el cual debe dirigirse especialmente hacia los sectores productivos y de servicios que son esenciales para su desempeño, sin desestimar la competencia que pueda ofrecer el sector privado.

Hablamos de servicios como el de agua potable, electricidad, gas, gasolina, comunicaciones, los cuales son tan esenciales para la gobernabilidad, como la educación, la salud y la seguridad pública; todos estos pueden ser provistos también por empresas privadas, pero es responsabilidad del gobierno asegurar que por ninguna crisis empresarial o situación de emergencia estos dejen de ser cubiertos; no se puede dejar exclusivamente en manos de agentes particulares servicios que pueden crear un efecto devastador en la sociedad.

Básicamente ningún estado debe estar limitado en sus funciones cuya esencial finalidad es la de satisfacer el bienestar de la población.

Hay que diferenciar algunos niveles en lo que se refiere a los servicios que puede prestar el Estado, en primera línea están aquellos que son definidos como derechos ciudadanos, que son de cumplimiento obligatorio, que deben ser gratuitos y de cobertura universal, como la educación, la salud y la seguridad pública; la etiqueta de gratuito se da porque no se paga el servicio individualmente, pero sabemos que colectivamente estos servicios son financiados por nuestros impuestos; en segunda línea están aquellos servicios que son primordiales, que deben ser extensivos en la medida de las posibilidades presupuestarias y que serán pagados individualmente por cada consumidor, como son agua, desagüe, disposición de desperdicios, electricidad, comunicaciones, alumbrado público, jardines, etc.; pero que no serán empresas de lucro, el financiamiento de estas actividades debe tener en cuenta un balance apropiado del costo – beneficio, de manera que se pueda brindar un buen servicio con la menor carga para el beneficiario; la tercera línea está compuesta por aquellas actividades donde el estado tenga una posición privilegiada para invertir y la meta propuesta sea colectar, para el presupuesto nacional, una mayor cantidad de fondos, a través del lucro empresarial, lo cual revertirá en las obras de primera línea que son las más esenciales.

Es importante recalcar que no se propone un monopolio estatal, la empresa privada, en cualquiera de sus modalidades, puede competir, quizá en espacios donde el estado no llega, proponiendo mejores servicios o con beneficios adicionales etc.

En la primera línea de servicios el interés se centra en la amplitud de la cobertura y la calidad de los servicios, los costos estarán determinados por los fondos asignados en el presupuesto.

En la segunda línea es importante también alcanzar un nivel de cobertura y calidad, pero la financiación debe autosostenerse con los aportes mixtos del presupuesto público (impuestos) y los pagos que depositan los consumidores.

Mientras que en la tercera línea los fondos son invertidos enteramente por el presupuesto público y el interés esta centrado en la capacidad de obtener un fructuoso margen de utilidades que revierta en provecho de los representados.

En todas las líneas de trabajo la exigencia por la eficiencia no debe relajarse, cuando los órganos de control comprueban que las metas no se alcanzan, se reemplaza a los funcionarios responsables, porque si se dejan pasar las fallas estas se reproducen e implicaran más espacios institucionales.

Recalcando, en todas las líneas de servicios es muy importante la acción de los mecanismos de control ciudadano, paralelamente al de las entidades de control propias del estado; la corrupción es actualmente uno de las más grandes pandemias del capitalismo, si logramos minimizar su maniobrar se alcanzarán los mayores logros.

El estado, como representante de su ciudadanía, merece la oportunidad de demostrar su capacidad de liderar empresa, en particular aquellas que afectan directamente al bienestar de su población.